La Audiencia condena al exalcalde de Dozón a dos años de prisión

Rocío Perez Ramos
Rocío Ramos LALÍN / LA VOZ

DOZÓN

miguel souto

Campos aceptó la pena, la misma que recayó sobre el exsecretario y una extesorera y exedila, por un delito continuado de falsedad en documento público

23 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El exalcalde de Dozón, Adolfo Campos Panadeiros, aceptó en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 1.080 euros como autor de un delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público. La misma pena recayó en los otros dos acusados en este proceso que fueron el exsecretario municipal, ya jubilado, y una extesorera y exedila, miembro en aquel momento de la junta de gobierno local, que como tal participó también en los acuerdos adoptados. Los tres aceptaron también un año de inhabilitación para cargo público.

Al carecer de antecedentes penales y no superar la condena los dos años, no ingresarían en la cárcel. Es la norma general, aunque tendrá que ser especificado en el trámite de la ejecución del fallo judicial. La vista tuvo lugar el martes y en el acuerdo se tuvo en cuenta como atenuante la dilación indebida del proceso. Este tiene su origen en unas supuestas irregularidades en certificaciones de obras del plan E que se remontan al año 2010.

Hace cuatro años, el 19 de julio del 2016, Adolfo Campos interrumpía sus vacaciones en A Lanzada para acudir al Juzgado número 2 de Lalín en calidad de investigado por un presunto fraude en las subvenciones del plan E. La denuncia fue cursada en su día por un vecino de Dozón que alegaba que había dos obras por las que el Concello habría cobrado dos veces.

En julio del 2016, Campos Panadeiros se acogió al derecho a no declarar y prefería que hablase la documentación. Con cargo al segundo plan E, Dozón llevó a cabo la construcción de aceras en Castro, equipamiento en la plaza de O Sixto y muros y pavimentación en la plaza de O Sixto Las obras de la plaza tuvieron una subvención del Estado de 50.000 euros.

Sonriente y de buen humor

Adolfo Campos llegaba ese 19 de julio del 2016 al Juzgado de Lalín acompañado de su abogada, la coruñesa, Beatriz Seijo Méndez. Entraba sobre las diez de la mañana en el edificio judicial sonriente y de buen humor. A la salida su abogada señalaba que no es plato de gusto acudir al juzgado y salir en la foto pero que a nadie le molesta colaborar con la Justicia. La misma letrada defendió al exregidor en la Audiencia Provincial. Esta representó también a la extrabajadora municipal, mientras que el exsecretario municipal, por su parte, estuvo representado por Víctor Vázquez-Portomeñe Seijas.

Hace cuatro años, Campos y su letrada defendían que las obras pasaron todos los trámites administrativos pertinentes que en el caso del plan E, recordaba el entonces regidor, eran bastante «pejigueros». Defendió que la corporación llevó a cabo todos los pasos que le indicaron los técnicos atendiendo a los correspondientes informes e insistía en que «las obras están ahí y se pueden ver» y que todo el dinero se había invertido en ellas. En respuesta a la posibilidad de que alguien le pudiera acusar de haberse quedado con el dinero respondió ese día que «yo no lo necesito».

El proceso judicial se fue demorando mucho en el tiempo y de hecho, eso hizo que, hace cuatro años, la letrada que representaba a Adolfo Campos ya hablase en aquel momento de posible prescripción dado que ya habían transcurrido seis años.

La plaza de la iglesia de O Sixto había tenido un presupuesto de 49.201 euros; los muros y la pavimentación en esa plaza, 50.941 euros; obras de construcción de aceras de Castro Dozón 48.989 euros; y a ellas se sumaba una pavimentación más por un montante de un total de algo más de 52.000 euros.

Una dimisión que la oposición ve calculada a las puertas de la vista judicial

Adolfo Campos Panadeiros, que cuenta con 85 años, presentó su dimisión como alcalde de Dozón el pasado 26 de junio alegando que lo hacía por consejo médico. Los ediles del BNG veían en ese gesto una maniobra calculada para ya no tener responsabilidad ni ningún cargo público en el momento en el que se celebrara la vista. Una juicio que urgía porque el caso estaba al parecer a punto de prescribir dado el tiempo transcurrido.