José Cuñarro presidió el pleno en ausencia del regidor de Vila de Cruces
19 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.Los plenos de la Mancomunidade Terras de Deza nunca dejan de sorprender. En algunas ocasiones por la tardanza en su convocatoria, en otras por la falta de contenidos y en varias por la falta de quorum que impide tomar acuerdos relevantes. Ayer, en una segunda convocatoria tras las ausencias de la anterior para adoptar medidas de calado, el nuevo giro de tuerca casi esperpéntico fue la ausencia del presidente de la institución supramunicipal y alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada. El edil de Lalín y vicepresidente, José Cuñarro, tuvo que dirigir una sesión donde hubo bajas notables pero presencia suficiente de representantes para refrendar la marcha de la entidad del Concello de Agolada.
Casi un año después de la aprobación de la corporación agolense en pleno fraguó esa separación de la Mancomunidade y tras abonar los 18.409 euros de la anualidad del 2021. Una decisión que ya oficializada supone recortar un 33 % la representación de municipios dezanos en la institución, ya que hace años se había marchado también Dozón. Restan en el seno de la entidad tan solo Lalín, Silleda, Vila de Cruces y Rodeiro. Hubo además luz verde a la contratación de la compra de una máquina excavadora para protección ambiental, con un coste de 56.870 euros.
Pero el segundo plato fuerte del día, junto a la marcha de Agolada, radicaba en la aprobación del presupuesto de la Mancomunidade Terras de Deza del 2022. Su cuantía asciende a 160.432 euros tanto en el capítulo de ingresos como de gastos. Los cuatro concellos que se mantienen en la entidad deberán incrementar sus aportaciones este año, pasando Lalín a abonar 71.195 euros, mientras que a Silleda le corresponden 33.563 por los 24.597 euros de Vila de Cruces y los 19.075 de Rodeiro. Además, el Concello lalinense abonará 6.000 euros y otro tanto el cruceño por los gastos de funcionamiento de la depuradora de Losón.
La remuneración del personal eventual, al contar la entidad en la actualidad con tres trabajadores, supone el principal gasto entre los 63.144 euros de retribuciones y la Seguridad Social, con 25.800 euros. Los honorarios de Secretaría y Administración suponen 7.298 euros, mientras que los del interventor son 4.865. Destacan también los 32.000 euros previstos para costear el mantenimiento de la maquinaria y vehículos.
Vilariño lamentó que tuviera que debatir con los funcionarios
El representante lalinense del BNG en la Mancomunidade, Francisco Vilariño, lamentó tras el pleno la falta de debate. Tildó ya de escándalo la ausencia del presidente, que ya debería haber dimitido por su «nefasta xestión e agora pon a gota que colma o vaso». Discrepó con que José Cuñarro pudiese presidir al no tener sustituto Luis Taboada. Intervino entonces el regidor de Lalín, José Crespo, quien consideró que la situación en Deza era achacable a todos, ejemplificando con entidades como la de O Salnés con 70 trabajadores. Pero Vilariño le rebatió que la crisis que atraviesa desde hace años la entidad solo se debe a la actitud del Partido Popular.
Al votarse la marcha de Agolada y sin que nadie fuese a intervenir sí quiso hacerlo Vilariño para lamentar el desmantelamiento de la entidad, con la marcha de concellos pequeños que debían ser los principales beneficiarios de servicios. Criticó al abordar el presupuesto la ausencia de inversiones y preguntó al interventor por reparaciones que pasan del límite, reiteradas sin que se convoque concurso, y que no figuran como reparadas. También se interesó por si se había comunicado al Consello de Contas esa situación, lo que no ha ocurrido, y por legalidad de quedar con 20 representantes la institución al irse Agolada.
«Ninguén falou e tiven que debater contra os funcionarios, é triste e sobre todo poñer en perigo os tres postos de traballo», dijo, lamentando la actitud del PP.
Borrador de nuevos estatutos, ya con consenso previo
Entre las múltiples ausencias estuvo la del regidor socialista de Silleda, Manuel Cuíña. Sí fue su suplente pero el alcalde ha insistido en que no volverá a acudir hasta que no se reformen los estatutos del órgano supramunicipal. Al parecer ya está consensuado el borrador para introducir esos cambios, pactado entre los cuatro regidores. Una cuestión criticada por Vilariño, considerando que se busca crear «un sindicato de alcaldes» y desvirtuar el pleno.