La sobrevaloraciones catastrales provocaron una revuelta popular que acabó con decenas de vecinos atrincherados en el Concello, donde comieron el turrón el 24 y las uvas de despedida del 2003
17 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.No hay casi nada que movilice más a los vecinos que los asuntos que tocan el bolsillo. Sobre todo si son pensionistas y andan con las cuentas justas. Por eso en las Navidades del 2003 en el Concello de A Estrada se montó la marimorena. Y no es que se cantasen villancicos -que seguro que alguno sonó también- sino que un centenar de vecinos tomaron el consistorio para exigir una solución a la subida del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Una reciente revisión catastral había traído consigo sobrevaloraciones en algunas zonas del casco urbano. Ciertos inmuebles veían multiplicado su valor oficial en el mercado y los recibos de la contribución -como muchos seguían llamando al impuesto- se disparaban a pesar de que el tipo impositivo era del 0,4 %, el mínimo permitido por la ley. La movilización vecinal -insistente pero aún no masiva- se inició mientras el entonces alcalde, el popular Ramón Campos, se encontraba de viaje en Argentina. El gobierno local ni reaccionó ni ofreció soluciones en aquel momento, pero tampoco lo hizo Campos al regresar de su periplo transoceánico.
Lejos de conformarse y de pasar por el aro, los vecinos, alentados por un BNG muy activo en aquel momento, se encerraron en el Concello el viernes 19 de diciembre. Organizados en turnos de relevo, los vecinos comieron el turrón de Nochebuena en el consistorio, entraron en el 2004 tomando las uvas en la casa de todos los estradenses y brindaron con champán en el salón de plenos al dar por concluido su encierro a principios del mes de febrero.
El largo pulso mantenido por la plataforma con el gobierno popular fue duro. Hubo momentos de tensión. Llegó incluso a requerirse a veces intervención policial.
Ante las sobrevaloraciones catastrales en algunas zonas, el BNG aseguraba que era factible forzar la ley al máximo y declarar todo el casco urbano como zona de características especiales, aplicando así una bonificación generalizada. Proponía que esa rebaja universal fuese del 75 % para todo el casco urbano. Ante la negativa del gobierno -basada en informes técnicos y jurídicos- a esta bonificación o a las subvenciones municipales que los vecinos habían pedido en primera instancia, los afectados se atrincheraron en el Concello exigiendo la celebración de un pleno extraordinario para buscar encaje legal a una reducción del IBI.
Poco les importó que estuviera a punto de llegar Papá Noel. En turnos cortos realizando sucesivos relevos, los vecinos fueron capaces de mantener el encierro las noches del 24 y el 31 de diciembre. Evitaron así la desmovilización y mantuvieron la presión sobre un gobierno al que se le atragantaba el turrón. Llegaron a pedir al Concello que les pagase la cena del 31. No hubo suerte, pero el menú con uvas de la suerte y brindis con champán se celebró igualmente en plenas dependencias municipales.
Si algo derrochaban los afectados por la subida del IBI era empeño y creatividad. A la espera de la convocatoria de un pleno para debatir soluciones, la plataforma aprovechó el 28 de diciembre -Día de los Santos Inocentes- para celebrar una inauguración simulada de la Praza do Concello -a la que bautizaron como Praza da Contribución- y para escenificar una sesión plenaria ficticia en la que aprobaban las bonificaciones del IBI.
El 12 de enero se celebró por fin el ansiado debate plenario, ante cuatrocientos vecinos que siguieron el asunto con pasión. El PP defendió que la bonificación generalizada sería ilegal y el PSOE advirtió que la elaboración de la nueva ponencia de valores que proponía el BNG tras la bonificación provisional podría incrementar los valores generales en toda la villa. Propuso crear una comisión para estudiar una a una las sobrevaloraciones y buscarles solución. El PP apoyó esta vía y el acuerdo plenario se tomó en tal sentido.
Rebaja general hasta el 2011
Pero los vecinos disconformes siguieron dando guerra y no abandonaron el encierro hasta que el 5 de febrero consiguieron el compromiso de establecer medidas correctoras generales para paliar la subida bordeando la ley. Ese compromiso llegó a materializarse finalmente en un descuento universal del 37,5 % en todos los inmuebles de naturaleza urbana que se mantuvo desde el 2004 hasta el 2011. La medida apaciguó a los vecinos, pero también lastró durante años las arcas municipales. Fue el alcalde actual, el popular José López, quien al poco de acceder al gobierno suprimió la rebaja -tachándola de ilegal y gravosa para la economía local- y recuperó de golpe 600.000 euros anuales de ingresos.