Ninguno de los concellos de las dos comarcas cuenta aún con uno de emergencia
18 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Ya dice aquel refrán que uno no se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena y, de momento, pese a varios avisos, los concellos de la zona continúan teniendo entre sus asignaturas pendientes la elaboración de planes de emergencia y, dentro de estos planes específicos contra alguna contingencia de más riesgo, en este caso los fuegos forestales. Recientemente la Fiscalía apremiaba a 63 concellos gallegos en riesgo a implantar planes antiincendios. En la zona, se encontraban en esta lista los de Cerdedo-Cotobade y el de A Estrada.
En este caso la Fiscalía General del Estado solicitaba información sobre los planes locales de prevención. No fue, al parecer, la única comunicación. El verano pasado, y a la vista de las incidencias del número de fuegos y hectáreas quemadas en cada concellos, la Fiscalía abrió un expediente solicitando a los municipios en los hubo una incidencia de incendios alta, información sobre esos planes. Solo respondieron el 25 % de ellos. De ahí, este nuevo intento.
Pero no es la única asignatura pendiente. Dentro de la normativa gallega se incluye la posibilidad de la elaboración de un plan de emergencias. Un documento laborioso que en las dos comarcas ningún concello llegó a completar nunca y, la mayoría de ellos ni a redactar. Dentro de ese PEMU se integraría un Plan de Acción Municipal contra un riesgo en concreto, en este caso el de incendios.
Por otra parte, ayer el conselleiro de Medio Rural, José González, el director xeral de Defensa do Monte, Tomás Fernández Couto, se reunieron ayer con un nutrido grupo de alcaldes de la provincia de Pontevedra, entre los que se encontraban representantes de los municipios de las comarcas de Deza-Tabeirós-Terra de Montes.
En el encuentro, ambos explicaron a los asistentes los detalles de la colaboración entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias en materia de protección frente a los incendios. En la reunión se habló de la adhesión al convenio entre Medio Rural, la empresa pública Seaga y la Fegamp para la puesta en marcha de un sistema público de gestión de biomasa en las franjas secundarias, es decir aquellas situadas en las zonas más próximas a los núcleos de población.
El conselleiro explicó que en virtud a esta, el gobierno gallego prestará apoyo técnico a los concellos adheridos para que elaboren sus planes municipales en defensa contra incendios con unas herramientas informáticas específicas. González apuntó que se agilizará y se simplificará la gestión de todos los requerimientos y notificaciones que los concellos tengan que hacer a los vecinos para el cumplimiento de la normativa en materia de limpiezas y gestión de la biomasa.
La previsión de la Xunta es actuar en 700 aldeas de 68 parroquias durante el período 2019-2022, priorizando aquellas con mayor problemática incendiaria.
Rodeiro, en la selección
En la provincia de Pontevedra se seleccionaron diez parroquias, la única de la zona es la de Santiago de Arnego en el municipio de Rodeiro. Este año la Xunta prevé actuar en unas 4.500 hectáreas, llegando a las 16.000 aproximadamente, al finalizar el período. Los dueños de franjas podrán incorporarse al sistema público a través de un contrato de gestión.