Archivan la causa contra seis de los investigados por el hackeo en el IES García Barros

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de A Estrada ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra seis de los alumnos del IES Manuel García Barros de A Estrada investigados por el presunto hackeo de cuentas de profesores, la consecución de exámenes y su difusión a través de grupos de Whatsapp. Otros dos investigados por el mismo caso han reconocido al menos en parte los hechos que se les imputan, por lo que la jueza ha acordado citarlos a ellos, a las partes y al Ministerio Fiscal para el día 5 de marzo a las 12.00 horas, en una comparecencia en la que se buscará un acuerdo entre las partes.

Según consta en la denuncia, en marzo del 2017 en los equipos informáticos de segundo de bachillerato del IES Manuel García Barros fue instalado, en la sesión de profesores, un software keylloger, es decir, un programa que permite registrar las pulsaciones realizadas en el teclado, generando y memorizando ficheros de texto con todo el contenido.

Con este sistema, los alumnos se habrían hecho con las contraseñas de los correos electrónicos de al menos 27 profesores del centro, de donde habrían sustraído todo tipo de documentación, información y archivos, fundamentalmente de exámenes. A priori, la consecución de exámenes parecía el objetivo perseguido inicialmente por los jóvenes aunque, según la investigación policial realizada tras la denuncia, se pudo saber que los alumnos accedieron además a datos personales del profesorado.

Los alumnos se habrían hecho además con las contraseñas del sistema de gestión educativa de la Xunta (Xade), con lo que también tendrían acceso a un programa en el que figuran datos personales de todo el alumnado y en el que se gestionan las calificaciones de los estudiantes.

Los exámenes que los alumnos conseguían eran después distribuidos a través de un grupo de WhatsApp en el que se encontraban varios alumnos y una profesora de clases particulares.

Tras tomar declaración a los perjudicados y a los investigados, recabar información documental y obtener los correspondientes informes tecnológicos a través de la Guardia Civil - que revisó los equipos en los que presuntamente se habría instalado el software ilegal-, la jueza no consideró acreditadas las conductas delictivas en relación a seis de los alumnos investigados.

La jueza considera que las diligencias practicadas «no evidencian que los investigados instalasen el sistema software ni que efectuasen entradas no consentidas en las cuentas de correo sistema Xade para la obtención de datos y su divulgación».

En lo que se refiere a los dos alumnos que reconocieron los hechos que se le imputan, uno de ellos asegura que no instaló el programa pero reconoce que tenía conocimiento de que estaba instalado y que efectuó dos entradas para ver si funcionaba y para ver las notas de una asignatura. Asegura, no obstante, que no accedió a datos de la vida privada de ningún profesor ni divulgó ningún dato de los obtenidos.

El otro de los alumnos que ha reconocido los hechos afirma también que conocía la instalación del sistema de software, aunque asegura que tampoco participó en su instalación. Sostiene que accedió a las cuentas de correo electrónico de varios profesores por curiosidad pero declara que no divulgó datos de carácter personal.

Un tercio de la pena

Tras el reconocimiento de los hechos, los dos alumnos han sido citados ahora a una comparecencia en la que, si prestan conformidad con la acusación de la Fiscalía, el procedimiento se transformará en diligencias urgentes y, sin necesidad de ir a juicio, se dictará una sentencia de conformidad en la que los acusados se podrán beneficiar de la reducción de un tercio de la pena.

Una red organizada de consecución y distribución de exámenes

Las investigaciones llevadas a cabo por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Lalín en el marco de la operación Captor se iniciaron en mayo del 2017, tras la denuncia formulada a raíz de los avisos que buena parte de los profesores del centro estaban recibiendo de accesos a sus cuentas de correo corporativas desde equipos informáticos no autorizados. Descartada la posibilidad de que las contraseñas de los correos afectados pudiesen haber quedado memorizadas en los equipos de las aulas, la Guardia Civil efectuó un análisis pormenorizado de todos los ordenadores y comprobó que varios equipos tenían instalado un software ilegal con el que el alumnado se hizo con las contraseñas que luego utilizaba para acceder a los correos y conseguir exámenes que distribuía por grupos de WhatsApp.

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