El BNG advierte que se cobrarán cuatro años de atrasos del IBI de las granjas

Critican que se impongan 60 euros por una regularización hecha sin pisar el terreno


a estrada / la voz

El BNG de A Estrada criticó ayer el proceso de regularización catastral que se está llevando a cabo en A Estrada. Advirtió que, según la información que manejan, los vecinos tendrán que pagar 60 euros de alta y cuatro años de atrasos del IBI, además de la tarifa del 2019, aunque aventuran que los recibos no llegarán hasta después de las municipales. Esta información contrasta con la ofrecida por el gobierno local, que había asegurado hace días que no se cobrarán los atrasos.

Los nacionalistas consideran un abuso que se impongan de entrada 60 euros por el alta de alpendres que hasta ahora no tributaban cuando esas altas se han dado en base a fotos aéreas, sin ningún tipo de estudio de campo para saber la auténtica naturaleza o uso de las construcciones. El portavoz estradense del BNG, Xosé Magariños, destacó ayer que muchas altas corresponden a construcciones que han estado vinculadas a explotaciones agrarias pero hoy carecen de uso, que están en ruinas o que se destinan a actividades complementarias de la economía de subsistencia tradicional del ámbito rural gallego, como el acopio de leña. «É o que pasa cando este tipo de normativas chegan desde Madrid. Catastro descoñece a maneira de habitar do rural galego. Pretenden que as palleiras ou alpendres de leña tributen como se fosen chalés de Galapagar», dice. «O rural xa ten todo en contra. Deben queder que todo o mundo o abandone e vaia ao urbano, supoño que para dar pelotazos urbanísticos», dice Magariños recordando la importancia de mantener pobladas las aldeas y de perpetuar las economías rurales para hacer frente a los incendios, por ejemplo.

Desde el BNG critican, además, que en este proceso de regularización catastral se trate a los propietarios rurales «como delincuentes». Los nacionalistas consideran que, tras la aprobación de la normativa que obliga a tributar a todos los alpendres o cobertizos de más de 15 metros cuadrados, se debería haber llevado a cabo una intensa campaña de información para que los afectados pudiesen darse de alta voluntariamente, evitándoles el pago de los 60 euros que ahora se les reclama.

Pérdida patrimonial

Los nacionalistas advierten que el cobro del impuesto acabará por hacer desaparecer construcciones y bienes patrimoniales de los que los propietarios se desharán para evitar el pago.

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