La CIG atribuye el cierre de Carbia a la deuda con el INSS y las trabajadoras

Dice que el despido colectivo de la plantilla es improcedente y anuncia denuncias

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El responsable comarcal de la CIG, Antón Álvarez Merayo, asegura que la auténtica razón del cierre de la firma estradense Pescados Carbia son las importantes deudas acumuladas por esta con la Seguridad Social y con las trabajadoras. Desde la empresa habían apuntado esta semana que la jubilación de uno de los socios y la delicada situación económica obligaron a tomar la decisión de cerrar una empresa centenaria.

La CIG ?a la que está afiliada el 80% de la plantilla? apunta que «as sociedades limitadas non se xubilan, xubílanse as persoas. Unha sociedade mercantil non se xubila porque non ten vida». Según Merayo, el auténtico detonante del cierre fue una inspección de la Seguridad Social motivada por una denuncia y en la que se detectó una deuda de 155.478 euros por los cinco últimos años de actividad de la empresa. La CIG explica que la empresa pagaba al INSS conforme a las cantidades estipuladas en las nóminas de las trabajadoras, pero estas estaban por debajo del salario legal establecido por el convenio del sector.

En este contexto, ocho trabajadoras de la empresa han presentado ya demandas reclamando a Pescados Carbia diferentes cantidades por las diferencias salariales entre las cantidades fijadas en sus nóminas y las que les corresponderían legalmente. Estas cantidades oscilan entre los 5.000 y los 12.000 euros ?dependiendo de la trabajadora? y superan conjuntamente los 60.000 euros.

Según explica Merayo, la situación es más grave todavía, ya que, redondeando cifras, por convenio a las trabajadoras les corresponderían 1.300 euros brutos al mes, en nómina figuraban 1.000 y en realidad, por acuerdo verbal con la empresa, las empleadas cobraban unos 800 euros.

A mayores, según explica la CIG, la empresa les debe a las trabajadoras casi tres mensualidades, correspondientes a marzo, abril y casi todo mayo, hasta la fecha del despido.

De las 12 trabajadoras de la empresa 11 fueron despedidas ?queda una administrativa?. Ocho presentaron demandas por cantidades a través de la CIG y dos están estudiando el asunto por otras vías. Las ocho que defiende la CIG tienen previsto presentar también la próxima semana una denuncia por despido improcedente, ya que, según el sindicato, el despido colectivo, aún por razones económicas, es ilegal. Según explica Merayo, lo procedente sería declarar la empresa en quiebra, abrir un concurso de acreedores y nombrar un administrador concursal, y no cambiar la gestoría de siempre por una de «enterradores» especialista en ingeniería económica para intentar «xustificar o peche e salvar os mobles».

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