Blanco señala la falta de medios para resolver casos de disciplina urbanística
A ESTRADA
«Cuando llegamos en el 2011 no había nadie con esa área encomendada», por lo que se acumulaban más de 350 expedientes que comenzaron a depurarse entonces
06 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El concejal de Urbanismo de A Estrada, Alberto Blanco, explicó ayer la proliferación de casos de disciplina urbanística abiertos en el Concello, que superan los 300: «Cuando llegamos en el 2011 no había nadie encomendado a disciplina urbanística. Había 350 expedientes o más, todos en un cajón, allí tirados, y no se respondía a nadie». Indica que ante la imposibilidad de contratar personal, se encomendó la gestión de disciplina urbanística a la funcionaria que ejerce habitualmente como secretaria accidental de la corporación, que se encargó de poner al día y depurar los expedientes, ya que «los había prescritos y caducados, había de todo».
Después se incorporó una administrativa de Estadística a Urbanismo, dando apoyo y llevando disciplina urbanística, pero admite que «son muchísimos expedientes a tramitar, y Urbanismo con las licencias ya tiene muchísima carga de trabajo. Se va llevando, pero se van cumpliendo los plazos en la que medida de lo posible». La clave, indica, es que falta personal: entiende que Urbanismo precisaría otros dos administrativos por la cantidad de oficios que llegan cada día. Y también un asesor jurídico. Recuerda que el ejecutivo siempre reserva una partida en los presupuestos, preciso para esta área y para dar apoyo a Secretaría y contratación. Pese a los expedientes acumulados, Blanco señala: «Disciplina urbanística pegó un cambio grande: pasó de cero a lo que tenemos».
El edil incidió además en que los plazos ralentizan los expedientes, que en varios casos precisan autorizaciones judiciales cuando requieren entrar a casas particulares. La mayoría de casos son por denuncias entre vecinos, aunque alguno hay de oficio.
El 30 % acaba en el juzgado
Algún caso se abre, de oficio, pero más del 90 % son por denuncia entre particulares, indica Blanco. Entre los motivos principales, se trata de construcciones ilegales, pequeños inmuebles y cierres que invaden propiedades ajenas, como caminos públicos. Una vez concluye el expediente, si los afectados no están de acuerdo tras presentar recurso de reposición pueden ir al contencioso-administrativo. Blanco estima que el 30 % de casos llegan al juzgado: el último, por unas tullas en Guimarei, visto para sentencia.