La Valedora insta a los concellos a tener permiso para videovigilancia

En la zona solo Lalín cuenta con autorización de la Subdelegación del Gobierno


lalín / la voz

La polémica derivada de la colocación de cámaras de videovigilancia en lugares públicos no es nueva. La Valedora do Pobo contestó ayer a una larga lista de quejas remitidas por el portavoz del Movemento polos Dereitos Civís, Renato Núñez da Silva y relativas al uso de estas en 32 concellos de Galicia. En esa lista de quejas se incluyen varias en relación con el uso y a la existencia de esos dispositivos en los Concellos de Lalín, A Estrada, Silleda y Vila de Cruces. De estos cuatro, apunta Núñez da Silva, solo el de Lalín cuenta con una autorización emitida en su día por la Subdelegación del Gobierno.

Una de las quejas se refiere al uso indebido que, entiende Renato Núñez, se hizo de las mismas, y en relación a las tomadas en la Praza del consistorio y que recogieron una conversación entre el portavoz del PP de Lalín, José Crespo, y el concejal no adscrito, Juan José Cruz.

En el caso de los concellos de Silleda, A Estrada y Vila de Cruces estos significa que a los requerimientos de la oficina del Valedor do Pobo ambos contestaron que disponían de cámaras pero que estas no estaban en funcionamiento y que estaban apagadas.

A estas 32 quejas se añaden otras relacionadas con cámaras de tráfico y que suman un total de 43 por problemas con cámaras de videovigilancia.

La Valedora do Pobo insta a la Fegamp a que traslade a todos los concellos de Galicia la necesidad de contar con las perceptivas autorizaciones para la instalación y uso de videocámaras y, sobre todo, «que se tramiten e obteñan en tempo as renovacións temporais das autorizacións, posto que delas depende o control períodico da permanencia dos motivos polos que foron outorgadas orixinalmente».

En el caso de las quejas relacionadas con los concellos de la zona, Renato Núñez, destaca que a una el Concello de A Estrada contestó que sus cámaras estaban apagadas. Lo hizo, apunta, tan solo unos días después de «afirmar en prensa que as cámaras eran moi efectivas» y se queja de que «en ningún momento demostrou que estaban apagadas», pese, dice, a que así se lo llegó a requerir protección de datos.

En el caso de Silleda destaca que «afirmó que lles regalaron as cámaras e que estaban apagadas». El Concello de Vila de Cruces, señala, «tamén dixo que estaban apagadas».

Muchas de las protestas presentadas por el portavoz del Movemento polos Dereitos Civís y relacionadas con concellos de la zona se iniciaron en el 2014, como es el caso de dos contra los concellos de Lalín y A Estrada, y fueron remitidas a la Oficina del Valedor do Pobo y presentadas también ante protección de datos y en la delegación del Gobierno, al igual que otras dos contra los de Vila de Cruces y Silleda, en este caso fechadas ambas en el 2015.

El Movemento polos Dereitos Civís pide a los concellos de la zona que demuestren «con datos obxetivos» la eficacia y la utilidad de las cámaras de videovigilancia. En los casos de A Estrada, Silleda y Vila de Cruces se pregunta que si es verdad que las cámaras no funcionan y están apagadas para qué sirven explicando que «con elas postas calquer persoa que pase e as veza pode presentar unha denuncia».

Núñez da Silva se remite a un estudio realizado por la Universidad de Málaga y defiende que no disminuyen la delincuencia ni acaban con los robos o los actos vandálicos.

Dereitos Civís pide a los gobiernos locales que demuestren la eficacia de las cámaras

En el caso de Lalín, señala que el Concello fue el que envió más documentación y apunta que como justificación a la colocación de las cámaras en la praza del consistorio envió «un montón de recortes nos que se daba conta de acontecementos acontecidos alí e que rexistraron moito público como a saída da Volta ou a recepción da Feira do Cocido e un solo acto delictivo, un roubo nunha obra a bastantes metros».

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