Hay una vieja costumbre administrativa que consiste en descubrir que un problema existe justo después de que un ciudadano haya decidido solucionarlo. Es una costumbre curiosa. Primero aparece una necesidad. Después alguien se organiza. Luego llegan vecinos, voluntarios, asociaciones, jóvenes, protectoras o profesionales. Finalmente, cuando el asunto ya está encaminado, aparece la institución para explicar que, efectivamente, aquello era importante.
Y el problema es más interesante: ¿qué ocurre cuando una sociedad identifica un problema, pero quienes tienen capacidad para facilitar su solución dejan que la responsabilidad práctica recaiga sobre quienes carecen de recursos?. ¿Estamos utilizando el voluntariado para fortalecer los servicios públicos o para acostumbrarnos a que alguien haga gratis lo que la sociedad necesita? La diferencia entre ambas cosas es la responsabilidad institucional.
Lo mismo podemos decir de los proyectos sociales, de las asociaciones culturales, de los espacios juveniles o de iniciativas como La Estación en A Estrada. Cuando un grupo de jóvenes decide organizar actividades, aprender, crear proyectos, cuidar su comunidad y generar oportunidades, no está pidiendo que el Ayuntamiento haga su trabajo. Está haciendo el suyo. La institución tiene otro: poner herramientas donde los ciudadanos no pueden ponerlas.
Para Aristóteles, la virtud del buen gobernante estaba relacionada con el bien de la comunidad. En política sostiene que la virtud del ciudadano y la del gobernante se relacionan con la virtud del buen hombre y con el propósito de la vida en comunidad.
El poder, por tanto, no debería entenderse como privilegio, es una responsabilidad que permite hacer cosas que otros no pueden hacer.
Ese debería ser el verdadero valor de ocupar una posición institucional, gobernantes capaces de conseguir que las cosas puedan hacerse. Que un ciudadano con una buena idea no tenga que convertirse en experto en burocracia antes de poder ayudar a sus vecinos.
Siendo justos con quienes toman decisiones, gobernar no es sencillo. Los recursos son limitados, las leyes son complejas y cada decisión afecta a personas diferentes. Los ciudadanos podemos exigir sin olvidar que detrás de una mesa también hay otro vecino, con sus propios problemas, tratando de administrar una realidad imperfecta.
Pero comprender al representante institucional no significa absolverlo de su responsabilidad, la empatía debe funcionar en ambas direcciones.
El ciudadano debe entender las dificultades del gobernante y el gobernante debe recordar que su posición existe precisamente para que las dificultades del ciudadano puedan ser menores.
Porque todos vivimos en el mismo planeta. El político, el funcionario, el voluntario, el joven, el vecino, el empresario y la persona que alimenta una colonia de gatos. La diferencia es que algunos tenemos tiempo, voluntad o conocimientos para actuar y otros tienen además la capacidad institucional para facilitar que esa acción llegue mucho más lejos. Y ahí está la verdadera cuestión.
No queremos instituciones que hagan todo. Queremos instituciones que no dejen solos a quienes están haciendo algo. Porque una sociedad sana no funciona cuando el ciudadano llama a la puerta del Estado y recibe un formulario. Funciona cuando alguien abre la puerta y pregunta: «¿Qué necesitas para poder hacerlo?». Eso no es regalar nada, es gobernar. Y quizá sea la mejor manera de evitar que, cuando llegue el siguiente problema, alguien vuelva a buscar una palangana para lavarse las manos.