Propietarios afectados discrepan de la tasación y anuncian que presentarán recursos
26 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La gestación de la cuarta fase del polígono Lalín 2000 discurre casi paralela al nacimiento de la generación Z, jóvenes de finales de los años 90 y hasta el 2010. Ni una de las estrellas de la Roja, Lamine Yamal, había dado sus primeros pasos cuando se comenzó a hablar de esa ampliación del suelo industrial que aún sigue sin materializarse en este verano del 2026. El convenio para urbanizar más de 300.000 metros cuadrados se firmaba en junio del 2005 con Alberto Núñez Feijoo como conselleiro de Política Territorial de la Xunta. Xestur Pontevedra tomaba las riendas, en primer lugar, para la consecución de los terrenos. Más de dos décadas después ese proceso sigue abierto con propietarios afectados que discrepan de las ofertas económicas que se recibían en estas últimas semanas desde el Xurado de Expropiación de Galicia.
La recepción de las misivas con el justiprecio motivo que los dueños de las fincas pendientes mantuviesen esta semana una reunión, con la asistencia de una treintena de personas, para evaluar la posibilidad de alguna acción conjunta para reclamar, ya que hay una parte significativa que está en desacuerdo con el pago. Una opción que aún no está descartada pero parece complicarse dados los intereses diversos en función de la titularidad de las fincas, en algún caso de un único dueño, pero en otros de varios e incluso de herederos de personas ya fallecidas.
La Xunta, a través del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y Xestur como entidad que actúa de promotora, había recurrido a la vía expropiatoria mediante un expediente de tasación conjunta para conseguir terrenos pendientes para esa cuarta fase en el 2023, encargando un proyecto a la empresa Proyestegal. Quedó aprobado en octubre, abriéndose plazo de alegaciones. La medida afectaba en ese proceso al 70 % de los terrenos necesarios para la ampliación del suelo industrial. En concreto eran 93 parcelas, con una superficie conjunta de 217.415 metros cuadrados.
Abonos en el 2025
Después de evaluarse las alegaciones presentadas el proceso continuó a esa lentitud con la que marchan las Administraciones públicas en determinadas cuestiones, como la propia materialización de esa cuarta fase del polígono lalinense. Cabe recordar que la Xunta ya les había convocado en febrero del pasado año para el pago de las expropiaciones y el levantamiento de actas previas de ocupación.
La cuantía del justiprecio no convence y, tras la reunión de afectados, varios ya confirmaron su intención de pelear por una indemnización económica mayor. Incluso hay quien cuenta con asesoría jurídica para emprender el proceso. Eso sí, también hay quien acepta la cuantía propuesta, en especial personas mayores que buscan evitar la dilatación del proceso de cobro.
Los interesados tienen dos vías de acción. Por un lado, presentar recurso potestativo de reposición ante el Xurado de Expropiación de Galicia con un mes de plazo para ello para mostrar ese desacuerdo con la valoración. La otra opción pasa por interponer directamente recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con dos meses de plazo, pero requiere presentar un informe técnico que lleva tiempo elaborar.
De los 21 euros el metro en mutuo acuerdo a solo 5
Afectados críticos con el justiprecio recuerdan que durante el proceso negociador abierto por Xestur Pontevedra, con el bipartito PSOE-BNG en la Xunta, se ofertaron 21 euros por metro cuadrado. Incluso en octubre del 2008 la entonces conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, anunciaba al regidor, José Crespo, que ya habían lograr 40.000 metros cuadros por la vía de acuerdo. Pero en abril del 2009 regresaba el PP y se constataba un agujero económico en Xestur que motivó la paralización de esa negociación. Mientras, años después y sin tener en cuenta la potencial alza de valor, los terrenos a expropiar rondan según algunas fuentes los 5 euros el metro cuadrado.
Una UTE para ejecutar las obras de urbanización de los terrenos
En ese cansino andar que se vive desde hace más de dos décadas para ampliar suelo industrial en Lalín, y al que aún resta camino por recorrer, con un panorama que incluso va más allá del 2028 pretendido por la Xunta para tener parcelas disponibles, el último paso se daba en mayo. La Xunta había licitado las obras de urbanización de esa cuarta fase en noviembre del 2025, por un importe máximo de 11,2 millones de euros.
Catorce empresas habían optado a la adjudicación y en mayo la mesa de contratación de Xestión propuso otorgar el contrato, tras la modificación introducida en el plan primigenio de sectorización, a la UTE formada por Francisco Gómez y Compañía y Construcciones Taboada y Ramos. Esta unión temporal de empresas ofertó ejecutar los trabajos por 9.820.700 euros, sin IVA, con un plazo de ejecución de 18 meses.