Desde su entrada en vigor el 1 de julio del 2015 y hasta finales del 2021, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, ?más conocida como Ley Mordaza, ha recaudado más de 31,7 millones de euros en Pontevedra. Los datos recabados por el Ministerio del Interior ponen de manifiesto que, en estos siete años, se han tramitado algo menos de 44.000 denuncias administrativas en la provincia, concretamente 43.871.
A falta de oficializar los datos relativos al 2022, la estadística pone de manifiesto un dato, cuanto menos, curioso. Y es que el año de esta serie en el que se interpusieron más sanciones se correspondió con el 2020, un período de tiempo que estuvo marcado por el confinamiento y restricciones sanitarias más agresivas para combatir la expansión de la pandemia del coronavirus. De este modo, se tuvo constancia entonces de 9.739 infracciones a la Ley Mordaza, una cifra que reportó 6.211.390 euros a las arcas estatales de los 31.769.859 euros contabilizados en estos siete años.
En todo caso, se da la paradoja de que el ejercicio en el que más dinero reportaron estas sanciones, no fue el 2020, sino el 2018 cuando las 8.289 tramitadas en Pontevedra permitieron recaudar, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, 6.418150 euros.
Por ámbitos de aplicación, tres son las tipologías que acumularon en el 2021 mayor número de multas. Así, fueron 3.632 las denuncias por tenencia y consumo de estupefacientes en la vía pública, un tipo de infracción que está despenalizada, pero que, a nivel administrativo, determinó la recaudación de algo más de 3 millones de euros. Cantidad superior a los 1,8 millones del año anterior, muy condicionado por el confinamiento y las restricciones por el covid-19, pero alejada de los 5,4 millones del 2018 o los 4 del 2019.
Tras las drogas se situaron las sanciones por conductas contrarias a la seguridad ciudadana, con 1.892 y 968.146 euros. Así, en el caso de Pontevedra, se tramitaron 773 por faltas de respeto y consideración a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, otras 712 por desobediencia o resistencia a la autoridad y 267 por desórdenes en las vías, espacios o locales públicos.