El local social de Filgueira sigue a nombre de una vecina tras diez años

Javier Benito
Javier benito LALÍN / LA VOZ

DEZA

Miguel souto

La familia que cedió el terreno en el 2010 para levantar el edificio evalúa acciones legales ante el desinterés de las administraciones en actuar

18 sep 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La buena fe puede convertirse en un arma de doble filo. Poco podía imaginar la familia Granja Negro de Filgueira que la cesión de algo más de cuatrocientos metros cuadrados de una finca al Concello de Lalín, para construir el local social de la parroquia, se iba a convertir en un viacrucis por las administraciones y una constante fuente de gastos. Esos terrenos siguen a su nombre más de una década después de inaugurado el edificio, en abril del 2012, sin sus múltiples gestiones y requerimientos ante el gobierno local o la Diputación, que aportó una subvención para su construcción, les hayan dado una solución. Y la paciencia está ya más que agotada, por lo que cuentan con asesoramiento de un abogado y entre las vías de presión no descartan la judicial.

Todo este sinsentido burocrático arrancó cuando no quisieron vender los terrenos a Xestur para la cuarta fase de ampliación del polígono Lalín 2000. En el verano del 2010 el gobierno municipal del PP les pidió la cesión de 419 metros cuadrados, a cobrar cuando se ejecutase el proyecto industrial, que hoy sigue todavía sin fechas de ejecución. Pero esa es otra historia. El Concello perseguía entonces evitar la pérdida de una subvención del PAM que otorgó la Diputación para ese local social en Filgueira.

La generosidad de esta familia llevó a aceptar la petición municipal, firmándose el 14 de septiembre del 2010 un convenio de cesión de los terrenos al Concello. Pero la sorpresa llegaría cuando más tarde recibía notificaciones para el pago del IBI de la finca, que tributaba como suelo industrial. Llegaba así la primera de muchas visitas al consistorio, en este caso para reclamar porque al terreno no le daban uso al estar el local social. Fueron 70 euros, aceptando el ayuntamiento abonar la parte que ocupaba el inmueble público, ni 20. La situación se repitió con el recibo del IBI del 2013, desestimando la burocracia municipal necesaria en busca de soluciones definitivas.

Y aquí se producía otro punto de inflexión importante en esta historia de despropósitos. En una consulta en el ORAL, el organismo de la Diputación que gestiona tributos como el IBI, les confirman que el local social de Filgueira no se construyó en los terrenos cedidos, sin en otra zona de la finca, considerada como espacio libre. Al galimatías se sumaba que el inmueble figuraba a nombre de la matriarca de la familia, ya fallecida. Tocaba acudir a la puerta de Catastro por el que creían un evidente error, al ser un edificio cuya titularidad debía ostentar el Concello de Lalín. Pero la respuesta fue negativa y se abría una sima, emocional y económica, por la que siguen cayendo sin que las Administraciones les tengan en consideración.

Escritos sin respuesta

La situación de desesperación que vive esta familia lalinense, a la que se sumó otra con una propiedad también mínimamente afectada por este centro social, les llevó en los últimos meses a presentar varios escritos en el Concello para reclamar una solución a esta problemática iniciada en el 2013. Pero sigue sin haber respuesta institucional. Entre los últimos, registrado en el consistorio el 29 de julio, demandando que se inicie el expediente necesario para reponer la legalidad del local social, al estar situado en suelo destinado a espacio libre en lugar del fijado para equipamientos.

«Consideramos que o Concello de Lalín incumpriu o convenio urbanístico asinado o terse construído o local social en terreos que non foron cedidos, ocasionando importantes prexuízos económicos aos propietarios dos terreos», recoge ese escrito, reclamando la regularización de un desaguisado urbanístico. El último intento, por ahora infructuoso, para tener un pronunciamiento oficial del Concello, fue un escrito registrado el pasado 2 de septiembre. Remarcan la falta de respuesta al del 29 de julio, pese al tiempo transcurrido, reclamando que se les notifiquen posibles actuaciones municipales tras esa denuncia.

Miles de euros abonados de IBI por el error de la titularidad

El perjuicio económico que le está provocando a la familia Granja Negro el limbo urbanístico en que se encuentra un edificio que no es suyo, pero así figura en Catastro, alcanza ya cifras significativas. Si en el 2012 el IBI eran 70 euros, fluctuando en esas cantidades los tres años siguientes para bajar a 19 en el 2016 y a 17 en el 2017, la regularización catastral emprendida por el Gobierno central en el 2018 supuso un duro varapalo. El local social paso a incluirse y este tributo se disparó, además con cuatro años de atrasos a abonar. Antes les había llegado la tasa de 60 euros por esa regularización que intentaron fuese abonada por el Concello, ya con el gobierno cuatripartito que desbancó al PP, pero Intervención no lo autorizó con el argumento de que no se podía acreditar la titularidad municipal del inmueble.

En ese fatídico 2018 el IBI fue ya de 575 euros, con otros cuatro recibos más a abonar por encima de los 500 por los años de atrasos. Tampoco Catastro les escuchó entonces al insistir en que solo tenían la titularidad del terreno, no del edificio. No les valió el argumento de que el Concello era el usufructuario, al considerar que no estaba acreditado ni como propietario ni a ese efecto. Y tuvieron que pagar para evitar cualquier posible embargo o congelación de sus cuentas bancarias, entre una rabia creciente por el ninguneo de las distintas administraciones.

En el 2019 fueron 542 euros, lo mismo que el recibo del 2020 y el que ahora debe pagar del 2021. La suma conjunta son ya varios miles de euros que deberían estar en los bolsillos de estos vecinos, que siguen afrontando el IBI de un edificio que no es suyo, aunque tuvieran que incluirlo en la declaración de herederos tras la muerte de la patriarca, con 237.000 euros de valoración. Una problemática que afecta al patrimonio familiar, no solo por el pago del IBI sino también por el impacto al efectuar la declaración de la renta.

«Non teñen ética para manter a situación como está, asumindo unha familia o que debe asumir o Concello e sen abordar unha solución», se lamentaba Pilar Granja. En su día llegaron a colocar un cartel de propiedad privada, con prohibición de paso, pero en realidad el local social se sigue usando. Incluso, como apuntan, para fiestas privadas cobrando entrada. Hace unos meses se llevaron a cabo reparaciones por goteras y otros problemas que acometió el Concello, su verdadero dueño.

Un peregrinaje con tan solo buenas palabras con dos gobiernos de distinto color

«Nin con avogados nin sen avogados, nunca houbo unha contestación ou proposta formal de solución, só boas palabras». Así resumía Pilar Granja el peregrinaje de los últimos años, con dos gobiernos de distinto color político. Tuvo reuniones con los dos regidores, con tenientes de alcalde, con ediles de Urbanismo, de Medio Rural,... o con interventores, secretarios y otros funcionarios. Incluso llegó a comunicar el problema al presidente de la Xunta a través de un correo electrónico habilitado para consultas de la ciudadanía.

Ni certificados como el expedido por la Secretaría Xeral del Concello donde se recoge que esta administración debía figurar como propietaria del local social y que a efectos del IBI el recibo debía figurar a su nombre desde el 2011.

Detrás de esta situación que tiene atrapada a estas familias, en especial a la Granja Negro, está los problemas para legalizar un edificio que se levantó en un lugar incorrecto. Aseguran que incluso está sin recepción definitiva de obra, pese a que comenzó a utilizarse ya en el 2012 tras su inauguración.

Advertencia de recurrir a la APLU si sigue el silencio del Concello sobre la regularización

En el citado escrito del 29 de julio se incorporan sendos planos, de la ubicación del local social según el proyecto en una zona de equipamiento de 1.386 metros cuadrados que incluía los terrenos de la familia Granja Negro y de Amalia Pérez —quienes rubrican la solicitud de actuación del Concello—, así como otro del lugar que realmente ocupa el edificio, con tan solo una esquina donde debería estar y la gran mayoría de la construcción en espacio libre. Pero además plantean que si sigue sin iniciarse un expediente de reposición de la legalidad urbanística «conculcada pola actuación realizada», al ocupar el inmueble terrenos que no fueron ni cedidos al ayuntamiento ni expropiados y además ubicado en un espacio no apto para ese uso, «comunicaremos a APLU e instaremos as actuacións oportunas». Es decir, pondrán los hechos en conocimiento de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, dependiente de la Xunta.