Crespo justifica las facturas con reparo para evitar la paralización del Concello

Olimpio Pelayo Arca Camba
o. p. LALÍN / LA VOZ

DEZA

«Ata para comprar un bolígrafo por lei case hai que facer un contrato»

01 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El alcalde de Lalín, José Crespo, explicó los motivos que llevaron a acumular 69.647,40 euros en facturas reparadas por Intervención, reparo que levantó mediante decreto de alcaldía firmado el 22 de marzo: «Moitas veces non dá tempo a sacar todos os contratos que habería que sacar e veñen facturas reparadas. Antes se levantaban os reparos en pleno ou xunta de goberno local, e agora cambiou o criterio». Pero explica que el problema es la legislación que rige en las administraciones públicas, y puso un ejemplo: «Para comprar un bolígrafo por lei case hai que facer un contrato menor, e eso é un auténtico disparate».

Considera el regidor que es una situación que termina por asfixiar a los concellos en su funcionamiento ordinario, y considera que «a Femp e a Fegamp deberían poñer o grito no ceo» en esta cuestión. Ante esa situación, Crespo entiende que las facturas con reparo llegan porque no se pueden tramitar a tiempo todos los contratos, y «obviamente non queda máis remedio que facelo así, porque se non paralizaríase o Concello». Eso sí, indica que se procede de acuerdo a la legislación y como procede en justicia.

Procedimiento reglado

En esa línea, cabe señalar que el levantamiento de reparos de Intervención es un procedimiento perfectamente reglamentado por ley, y no es infrecuente en el trabajo administrativo de los distintos ayuntamientos. En el caso de la relación de facturas aprobadas tras aprobar el alcalde el correspondiente decreto, aparecen múltiples facturas que no alcanzan los 30 euros, que van desde suministros a servicios municipales a la copia de una llave o combustible para abastecer a una motobomba.

CxL carga contra la «ineficacia na xestión» del gobierno municipal de Lalín

Teresa Varela, responsable del área económica de CxL y concejala de Hacienda el pasado mandato, calificó el informe de la interventora municipal recogido en el acta de la junta de gobierno del pasado día 23 de «demoledor, e demostración da ineficacia na xestión» del gobierno de Crespo Iglesias, abusando de forma irregular de los contratos menores. La edila considera que el ejecutivo no puede justificar el uso de contratos menores para agilizar, «adxudicando a dedo, en moitos casos a afíns, mentres para as axudas ao comercio, que tiñan que estar tramitadas e pagadas en 90 días, van estar por riba dos 6 meses», por incompetencia de la edila de Comercio.

Varela explica el abuso del contrato menor por la evidente imposibilidad de gestionar y organizar administrativamente un ayuntamiento «ao que viñan dar leccións de organización, e que ao tempo demostra o verdes que están tamén nesta cuestión»; acaba por afectar al dinero de los vecinos por pagar precios por encima de lo que se pagarían de tener contrato, siendo especialmente sangrante el caso de la electricidad.

La concejala de CxL, que soportó los embates del PP el mandato pasado por cuestiones similares, subraya que las facturas entonces reparadas que fueron pleno también eran, como argumentan los populares ahora, por trabajos realizados o materiales entregados, pero «montaban auténticas batallas nos plenos, e que agora xustifican, abusando dunha maioría absoluta que utilizan coma un cheque en branco para una política de todo vale». Recuerdan un pleno en que el PP solo aprobaba facturas si eran de empresas de Lalín, para no perder votos.

Sospechosa corrección

Teresa Varela considera políticamente sospechoso que primero se firme un decreto levantando el reparo por una determinada cantidad, y luego se corrija el anterior «sinal inequívoco que a concelleira de Facenda non fixo o traballo previo de analizar a situación legal das facturas».

CxL estará atento a la información que se remita al Tribunal de Contas, porque tiene claro que hay determinados filtros que la gestión administrativa de este gobierno incumple de forma reiterada, como ratifica en su informe la propia interventora.