Crespo firma con el Catastro un convenio para que las energéticas paguen por su valor real

j. b. LALÍN / LA VOZ

DEZA

Diego Andrade

El acuerdo da voz a los ayuntamientos ante reclamaciones de las firmas por el IBI

22 nov 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

José Crespo, en calidad de presidente de la Asociación Nacional de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables (Anmer), firmó con el director general del Catastro, Fernando de Aragón, un convenio de colaboración con el colectivo, que aglutina a 167 ayuntamientos de toda España, de los que 23 se ubican en Galicia, en los que están instalados parques eólicos y otras energías renovables, como solares y fotovoltaicas. El acuerdo permitirá controlar que las empresas del sector energético paguen el IBI como Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices) que les corresponde y no menos, así como recabar informción acerca de las valoraciones catastrales de cada instalación renovable, para que los valores aplicados sean los reales y exista coincidencia entre la potencia instalada en cada planta y la realidad constructiva, detectando posibles variaciones si se han producido ampliaciones por ejemplo.

Para ese control el convenio incluye la colaboración con la Dirección General del Catastro (Ministerio de Hacienda) y delegaciones regionales y provinciales. Hasta la fecha, si una empresa recurría una valoración de la ponencia de valores del parque, el ayuntamiento no participaba del recurso, ni siquiera era conocedor del mismo, por lo que en la práctica las empresas ganaban las reclamaciones y al bajar su valor catastral reducían su cuota de IBI sin que el ayuntamiento pudiese hacer nada.

A partir del convenio con Anmer, Catastro informará al colectivo sobre todas las reclamaciones catastrales de empresas; de todos los recursos que interpongan contra valores catastrales, bases imponibles y liquidables; de la presentación de alegaciones de las empresas productoras de energía de los procedimientos de subsanación de discrepancias. Así, el Catastro comunicará a Anmer cualquier reclamación de empresas, y el colectivo lo trasladará a cada ayuntamiento para que pueda defenderse, prestando además la asociación asesoramiento jurídico a sus integrantes, e incluso ayuda técnica externa cuando así la precisen.