Críticas a una suplementación de 148.500 euros para la partida de la luz
31 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El alcalde de Lalín, cifró en más de 10 millones de euros la inversión que el gobierno tiene previsto hacer y que cree que será necesaria para llevar a cabo la renovación total de la iluminación por luminarias más eficientes. Una gran parte se ejecutará con cargo a la subvención otorgada ya por el IDAE. Son ocho millones de euros de proyecto, de los que el Concello obtendrá una ayuda de 6,5 millones. Crespo anunció que piden otra ayuda para ampliar la realización de estas mejoras a los edificios públicos, a fin de lograr una mayor eficiencia eléctrica y un mayor ahorro.
Espera sacar la mayor parte de esos algo más de 10 millones de euros «de subvencións» y cifra «entre 200.000 e 300.000 euros» el ahorro en luz al año para el Concello de Lalín una vez estén renovadas todas las luminarias y finalice la ejecución del proyecto. Sería un ahorro de «1,2 millóns de euros en catro anos». Recordó que «despois haberá unha empresa que o arranxe todo».
La explicación la dio al hilo de la aprobación en pleno de un expediente de modificación de crédito que tenía como objetivo suplementar con 148.500 euros la partida destinada a los gastos de luz y mantenimiento del alumbrado.
La oposición criticó una cantidad que calificó de demasiado abultada. Vilariño pidió explicaciones de la procedencia de esa cifra alegando que muchas instalaciones municipales estuvieron cerradas tres meses y otras aún hoy siguen con horario reducido a causa de la pandemia. Se quejó de que antes, la cantidad fijada en la partida, llegaba para sufragar los gastos.
En la misma línea se manifestaron el resto de los grupos de la oposición. Alba Forno, del PSOE, destacó que era «unha cantidade nada desprezable» y CxL denunció que el Concello aún no tenga los contratos para este servicio. Teresa Varela apuntó que el de mantenimiento «estaba en vigor cando entraron e a estimación fíxose en novembro». Achaca parte del incremento a que la falta de contrato hace que el Concello esté pagando ahora el precio de la luz más caro e «estamos gastando moito máis».
Pérez Asorey señaló a la oposición que tenían la documentación a su disposición y que habían tramitado una subvención de 8 millones. Varela defendió que les hubiera dado tiempo de adherirse al contrato de la Femp que aunque «era máis caro o prezo do que nós tiñamos, sería máis barato do que están pagando».
El gobierno respondió criticando la gestión del gobierno anterior al que acusó de tener vencidos contratos de mantenimiento y el contrato de la alarma de incendios del Arena, y de no hacer labores de mantenimiento. Y señalaron que «estamos para adxudicar o prego no Lalín Arena».
Crespo señaló que «non enchufamos nada de máis» y espera que el Concello de Lalín se convierta, una vez se ejecuten los proyectos e mejora previstos, «no mellor de España en eficiencia enerxética».
Acondicionamiento de un local para alimentos para O Mencer
La corporación aprobó por unanimidad la moción presentada por el grupo de gobierno pidiendo a la Xunta que elabore una normativa que obligue a las empresas comercializadoras de plásticos de uso agrícola a que se hagan responsables de su destino, una vez finalice su vida útil. La oposición criticó el cambio de opinión del grupo de gobierno, que primero anunció un canon de 30 euros por la recogida de los plásticos y un acuerdo con las cooperativas, y luego dio marcha atrás, ante las críticas en el sector.
El PSOE retiró la moción solicitando la urgente aprobación de la ordenanza de regulación del alquiler social de las viviendas del Manuel Rivero a petición del alcalde. Crespo explicó que no eran viviendas sociales sino viviendas de emergencia temporal y que no pueden alquilarlas porque incumplirían la estrategia Dusi, lo que supondría la pérdida del dinero de esta obra. El PP aprobó con la abstención de los tres grupos de la oposición una moción para solicitar a la Xunta que extienda a Lalín el uso de la tarjeta de transporte metropolitano de Galicia y de la tarjeta Xente Nova. La oposición dijo no entender la moción después de que la Xunta anunció que extenderá el uso a toda Galicia.
Se aprobó un convenio con la AED por 56.000 euros y destinar algo más de 47.000 euros al acondicionamiento de un local anexo al pabellón para el depósito de alimentos de O Mencer.
El grupo de gobierno rechazó la petición de comparecencia de miembros del grupo de gobierno. La edila Begoña Blanco explicó las actuaciones realizadas y por las que pedía explicaciones Compromiso en relación con la Policía Local y la falta de vigilancia nocturna, las obras de Pozo do Boi y las gestiones relativas al Arena.
Dudas de la oposición respecto al pacto de horas del arquitecto y anuncio de una actualización del Plan Xeral de 1999
La oposición expresó serias dudas respecto a la documentación presentada por el gobierno local para aprobar un pacto de horas complementarias al contrato de trabajo del arquitecto municipal. Los ediles echaron en falta la presencia de la interventora y un informe del secretario solicitado por CxL, PSOE y BNG en las comisiones informativas. Crespo alegó que le dijera a la interventora que no estuviera porque estaba trabajando en la elaboración del presupuestos y que el secretario cogió una semana de vacaciones.
El socialista Cristóbal Fernández se quejó de que cuando tocó ese punto «levamos sete temas económicos seguidos e por primeira vez non está a interventora». Apuntó que se adjuntaban en este punto «expedientes extemporáneos» con informes de hacía 13 meses que creía «non deberían ter validez». Echó en falta el contrato administrativo inicial el horario y la sentencia por la que pasó a ser personal laboral alegando que había un informe del consultor de los ayuntamientos que contradecía alguno de los informes presentados en el expediente por el gobierno.
A preguntas de la oposición, en relación con la falta del informe del secretario titular, el accidental dijo que había un plazo de 10 días para hacerlo. Crespo le cortó y Varela, de CxL, criticó al regidor al que acusó de quererles vetar el acceso a los técnicos. Varela vio en este punto «un problema de legalidade» indicando que el gobierno anterior había intentado ampliar el contrato a este trabajador y les dijeron que no era posible. Crespo alegó que a él le dijeron lo mismo pero que no era una ampliación de contrato sino un pacto de horas y que no hace falta en ese caso informe del secretario. Defendió la capacidad profesional de Bugallo y la necesidad de contar con él, especialmente ahora que Urbanismo se quedaba sin un arquitecto que aprobó una oposición en Ribeira y se va y están en marcha proyectos como el CIS, la cuarta fase del polígono o un proyecto del Dusi en Donramiro donde el Concello quiere comprar parte del castro. Anunció la intención de emprender la modificación del Plan Xeral para actualizarlo adaptándolo a la última ley, de 2016. La idea del gobierno local es empezar a finales del 2021 y cree que necesitará para ello una inversión de unos 100.000 euros.
Unanimidad en las mociones del BNG pidiendo un covid auto y consultas presenciales
Las dos mociones relativas a sanidad presentadas por el BNG obtuvieron el apoyo unánime de la corporación. La formación nacionalista solicitaba que se dotara al centro de salud lalinense de un covid-auto que diera servicio a los vecinos de la comarca de Deza y evitara desplazamientos a Santiago consiguiendo, al mismo tiempo, restar carga de trabajo al hospital de referencia para este tipo de pruebas.
Todos los ediles votaron también a favor en la moción en la que se pedía la reactivación de la asistencia sanitaria con la realización de una atención presencial. El BNG se hizo eco de las quejas de los vecinos. La edila de Sanidade, Eva Montoto, pidió a los enfermos que tengan la responsabilidad de utilizar los recursos señalando que creía que no hay ninguna orden de que no se atienda presencialmente. Los diferentes grupos de la oposición estuvieron también de acuerdo de que los sanitarios estaban desbordados y creen necesaria la dotación de mayores recursos.
El pleno aprobó, con la abstención de la oposición, fijar como festivos locales para el 2021, los días 20 y 21 de septiembre y un reconocimiento extrajudicial de crédito para el pago de facturas por un importe de 303.413 euros. La oposición se quejó de que estas cifras, lejos de ser corregidas por el gobierno, «aumentan cada vez» por falta de contratos.