Permítame que me pronuncie sobre la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de desestimación del recurso interpuesto contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Pontevedra, relativa a litigio sobre la legalización y ampliación del cementerio de Figueroa de Abajo, haciéndome portavoz de los demandantes y de numerosos estradenses que en su día se manifestaron contrarios a tal ampliación, haciendo constar, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, el acatamiento de la sentencia y, en segundo lugar, el rotundo desacuerdo con ella, por su carácter en buena medida inaudito, al abusar de argumentación instrumental, en ocasiones incluso pueril, así como de pronunciamientos, desde nuestro punto de vista, infundados. Valga, a título de ejemplo, que se dé por existente el sistema alternativo de recogida de residuos en condiciones sanitarias, sin que ello esté documentalmente acreditado. O el hecho mucho más preocupante de dar la consideración judicial de privado al cauce fluvial existente, apoyándose exclusivamente en argumentación de parte litigante (arzobispado de Santiago), contenida en informe técnico absolutamente inconsistente a nuestro juicio, no teniendo en consideración ni el juzgado ni la Sala otros informes técnicos robustos aportados, elaborados por técnicos de reconocida competencia en la materia y probada reputación, en que quedaba debidamente acreditado el carácter público del cauce. Y obviando, sobre todo, el carácter de cauce público dictaminado por Aguas de Galicia al otorgar las distintas autorizaciones o delimitar la zona de policía (propia únicamente de los cauces públicos).
Estas y otras razones hacen que se esté considerando muy seriamente la interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
«Con la Iglesia hemos topado»
Sentencias como esta y la previa del Juzgado de Pontevedra son poderosas razones que contribuyen a incrementar el desprestigio de que goza la administración de justicia ante la opinión pública española, por la frustración e impotencia que sienten los ciudadanos de bien, inermes ante actuaciones abusivas de lobbies, como es en este caso la muy merecidamente desprestigiada curia eclesial, representada en el presente caso por el párroco estradense. Y también por las actuaciones abusivas y la permisividad de las administraciones públicas. ¡Qué razón tenían los dos personajes más relevantes de la literatura española, cuando Don Quijote decía aquello de que «con la Iglesia hemos topado, Sancho»!.