Solo se atienden casos de violencia de género, detenidos o protección de menores
09 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El coronavirus ha paralizado también la justicia. En el ámbito civil, solo se atienden autorizaciones judiciales para internamientos por trastornos psiquiátricos o medidas de protección del menor, relacionadas con asuntos de custodias, por ejemplo. En el penal, solo casos de habeas corpus por detenciones ilegales, entradas o registros domiciliarios, actuaciones con detenidos, órdenes de protección de violencia de género, asuntos urgentes de vigilancia penitenciaria o medidas cautelares relacionadas con la violencia sobre la mujer o los menores.
Esto significa, en la práctica, que los juzgados están parados. En el Número 1 de A Estrada hay dos personas cumpliendo los servicios mínimos (una en el Registro Civil) y en el Número 2 una. A mayores, el que está de guardia cuenta con tres funcionarios con guardia presencial. No obstante, el registro de nacimientos es la única causa de actividad hasta ahora.
En Lalín, los juzgados cuentan con tres personas que desempeñan su labor a diario de forma presencial. Estos días apuntaban que apenas hay visitantes, solo alguna persona que acude generalmente para preguntar algún asunto o realizar alguna inscripción en el Registro Civil.
A la puerta del edificio está colocado un cartel informativo. Se insta a los mayores a que se abstengan de ir al juzgado y a los demás a entrar al mostrador una sola persona para ser atendidos de una en una.
Abandono de prisión
Por otra parte, los abogados de la zona están constatando que muchos presos están solicitando abandonar la prisión a causa del coronavirus. No porque estén contagiados, ni mucho menos, sino alegando que las prisiones pueden ser un foco de contagios. Se apoyan en esta situación para demandar la posibilidad de disfrutar de un régimen de libertad condicional.
Con los juicios paralizados, abogados y procuradores se encuentran esta temporada sin ingresos, ya que, aunque depende de los casos y de los profesionales, en el sector es habitual cobrar -al menos el grueso de la tarifa- a juicio celebrado.
«Con los funcionarios en teletrabajo se podría seguir avanzando»
En Lalín letrados y procuradores se quejan de la imposibilidad de trabajar y la suspensión de declaraciones y juicios pendientes que se van a acumular después. Algunos abogados reivindican la realización de teletrabajo por parte de los funcionarios de justicia. Creen que de esta manera se podría seguir avanzando trabajo y evitar que, una vez acabe el estado de alarma y la actividad vuelva a la normalidad, los juzgados estén menos colapsados debido a la acumulación de procedimientos y actuaciones pendientes.
Señalan que hay un montón de trámites en ejecuciones y procedimiento monitorios de reclamaciones de cantidades, por ejemplo, que se podrían tramitar perfectamente. Una labor, para la que dicen, «basta con un ordenador porque se trata de un trabajo meramente administrativo». Recuerdan que todos los escritos los presentan la virtualmente vía Lexnet, un trabajo que se podría ir haciendo igual, aunque ahora está limitado a ciertas causas urgentes. Desde los juzgados se les pide que no manden cosas para no colapsar el programa y alguno señala que las que envía se las están admitiendo, aunque en este caso los asuntos entran dentro de los admitidos. Los juicios rápidos se están haciendo por videoconferencia. Uno de los abogados de la zona que ya tuvo uno, fue el lalinense Francisco Lago. En este caso se trataba de un asunto por violencia de género. Cada una de las partes entró desde un lugar, en su caso, desde su propio despacho en la celebración de la vista.
«La huelga ya había retrasado muchos asuntos y esto nos frena en seco»
El abogado estradense José Cao constata los perjuicios que traerá consigo la paralización casi total de la justicia. «Esto nos frena en seco en un momento en el que estábamos empezando a recuperarnos de la paralización que había supuesto la huelga en los juzgados del año pasado. Hay casos que acumulaban meses de retraso y esto va a suponer nuevos retrasos a mayores. Habrá que reorganizar los juicios suspendidos manteniendo los que ya están señalados. Los señalamientos ya estaban siendo a entre tres y seis meses vista y los de las cláusulas suelo a ocho meses...», lamenta. «El sector está sin facturación. Abogados y procuradores, porque esto es una rueda. Y el cliente a la espera a veces en situaciones complicadas, como en el caso de las reclamaciones de nóminas impagadas. Como suele decirse: Si es lenta, no es justicia», explica. «A ver a dónde nos lleva esto, porque no hay dinero en circulación», advierte.