«Enfrontar á xente non é lexítimo e os inhabilita para continuar nos seus postos», aseguró el portavoz del PP silledense, lamentando que el PSOE judicialice la política
13 feb 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lalín, desestimando la denuncia del regidor de Silleda, Manuel Cuíña, contra el portavoz municipal del PP, Ignacio Maril, y el propio juicio, puede abrir ahora un nuevo frente en los tribunales. Maril sopesa entregar a la Fiscalía diversos informes de técnicos municipales presentados en la vista, al considerar «feitos gravísimos» tanto los recogidos en el fallo como en esa documentación. «Enfrontar á xente non é lexítimo e os inhabilita para continuar nos seus postos, non debe ser unha estratexia política», aseveró.
El portavoz popular recordó ayer, en una comparecencia pública para valorar la sentencia, las nueve demandas desde filas socialistas padecidas por él y compañeros de partido, que en ningún caso prosperaron, «e xente doutros grupos ameazadas ou denunciadas porque teñen unha estratexia orquestrada de xudicializar a política». «Sabían que o que decíamos era certo e eles eran os máximos responsables, como quedou acreditado polos técnicos municipales no xuizo», incidió Maril, respaldando así la veracidad de sus declaraciones a los medios de comunicación que motivaron la denuncia de Cuíña.
Desgranó Ignacio Maril la resolución judicial en los distintos puntos sobre los que incidía la demanda, recalcando que se constata que hubo adjudicación de obras municipales a una empresa de la que es socio único quien compartió otra sociedad, al menos durante un tiempo, con el entonces teniente de alcalde, Klaus Brey, y un hijo del regidor socialista, Daniel Cuíña. Una firma que tuvo una facturación de 1,3 millones de euros, según se desveló en el juicio, por encima del millón del que habló en su día el PP. Su portavoz también resaltó que hubo contratos menores a familiares por más de los 90.000 euros que ellos apuntaron, incidiendo en que podían optar a esas adjudicaciones «pero non ter a exclusividade».
Sobre el procedimiento de modificación del IBI, quedaron avaladas las críticas, apuntó Maril, para añadir, respecto a la adjudicación de la obra de Chousa Nova, que el interventor reconoció que la oferta pública no se remitió a la mesa de contratación y que hubo que retrotraer el procedimiento. Pero el portavoz popular cargó sobre todo «nun punto angular» de la vista, en torno a la concesión de licencias por decreto, calificando de demoledora la resolución judicial. «Sen entrar a valorar a legalidade das licencias administrativas no fallo, a realidade e que hai unha posible ilegalidade ao otorgarse por decreto 4 de 85 licencias de obra maior, unha para a piscina do alcalde, outra para a piscina de Klaus Brey e outra para unha sociedade vinculada a Klaus Brey». Esas licencias corresponden al período entre enero del 2016 y octubre del 2018.
Pero además se constató que el período medio de espera para un silledense para conseguir una licencia ronda los 150 días, mientras la de la piscina del regidor se otorgó en solo 23. «Quedou probado e acreditado que estas licencias por decreto non son o habitual para os veciños e e un feito moi grave que determinadas persoas gocen de certos privilexios no tempo de concesión e no procedemento», dijo. Fue más allá y apuntó que en el caso de Klaus Brey «hoxe presentou o expediente e mañá lle fou otorgada tras pedir ao técnico encargado desa licencia que axilizase o proceso».
«En espera de que haxa apelación, que calqueira cousa pode pasar, e que a Audiencia diga que non lle podía chamar cacique, a realidade é que quedou probado que todas as cousas que dixemos eran certas e reais e quedamos refrendados ante a xente, porque non houbo declaracións nin inxuriosas nin ofensivas aunque fosen duras, pero non traspasamos a liña de menoscabo do honor ou o insulto; tiñan relevancia pública, non eran cuestións privadas do alcalde e a súa familia», sentenció Maril.
La licencia de obra a un familiar de la exalcaldesa Paula Fernández, un frente que se abre
A raíz del juicio, entre la parte documental presentada, surgía otra cuestión que consideró muy grave el portavoz del PP. Maril aludió ayer a una licencia a un familiar de la exalcaldesa socialista, Paula Fernández, «do que non hai informe de final de obra no Concello e o técnico municipal no xuizo recoñeceu que dende o 2008 que está en ningún caso houbo outra licencia como esta en contra dos informes técnicos de Urbanismo». «É un tema aínda máis grave pola cruzada de Paula Fernández contra as obras con defectos», aseguró, para resaltar que están a la espera de recibir una copia de la grabación de la vista para adoptar también medidas sobre este tema y poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía porque «ten visos de que é unha cuestión máis alá do tema civil».
Maril reconoció que no esperaba una sentencia tan rápida y de ella informará, así como de los informes técnicos, en las distintas parroquias en una ronda de visitas que barajaban tras lo ocurrido en torno al debate plenario del IBI. Quiere que los vecinos conozcan de primera mano y con papeles que él personalmente y su partido dicen la vedad, frente «á xente que busca manipular á opinión pública e xudicializar la política». Lamentó que en lugar de los 45.000 euros que le pedía de indemnización no fuesen 100.000 euros, para que las costas que debe pagar Cuíña fuesen más elevadas. Defendió el trabajo del PP de trabajar de forma desinteresada por los vecinos e «facer o Concello un pouco mellor», frente a quienes «queren pasar por encima de todo».