Blanco cree que la propuesta del PSOE podría ser injusta fiscal y socialmente
15 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El PSOE estradense ha solicitado la modificación de la ordenanza del IBI para incluir dos cambios.
El primero es un recargo del 50 % en la cuota líquida del IBI de bienes inmuebles en manos de bancos o promotores inmobiliarios. El gobierno local ve con buenos ojos esta propuesta que, según apunta el edil de Facenda, Alberto Blanco, podría ayudar a incrementar la oferta de pisos en alquiler, lo que contribuiría a la reducción de los precios.
El otro cambio es más polémico. A falta de los informes de Intervención y Secretaría, el gobierno lo ve injusto fiscal y socialmente e incluso inviable legalmente. Los socialistas piden que los bienes inmuebles situados en la zona rural que carezcan de servicios básicos municipales como abastecimiento, saneamiento o alumbrado público gocen de una bonificación. En concreto, el PSOE propone bonificaciones del 90 % para los inmuebles que no tengan ninguno de los tres servicios, del 60 % para los que carezcan de dos y del 30 % para los que les falte uno. La bonificación se incluiría de oficio, sería aplicable a toda la zona rural sin distinción y el beneficio se mantendría mientras los servicios citados no llegasen.
Según avanza el edil de Facenda, Alberto Blanco, esta propuesta de aplicación general sería injusta fiscal y y socialmente, ya que beneficiaria en mayor medida a los dueños de propiedades de mayor valor. «Hay inmuebles valorados en 1,7 millones de euros que pagan de IBI 6.000 euros. La medida beneficiaría más a estos propietarios de inmuebles con mayor valor, sin relación alguna con el sector primario», explica. «Podría incurrirse en una desigualdad social», cuenta.
El edil de Facenda no da por válido el ejemplo del PSOE de la bonificación aplicada en el Concello de Santiago, donde se concede solo de oficio a las nuevas viviendas rurales con la licencia de primera ocupación, para fomentar el asentamiento en el rural, y no de forma generalizada.
Además, según Alberto Blanco, la bonificación generalizada para todas las viviendas de la zona rural podría ser ilegal, ya que existen precedentes de bonificaciones similares tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. «No es café para todos. Debe ser una medida de promoción del rural, pero no una bonificación indiscriminada».
El titular de Facenda advierte, además, que la rebaja generalizada del IBI supondría una caída de los ingresos anuales del Concello en 725.000 euros. Según explica, el PSOE propone utilizar los ahorros generados con el plan de ahorro energético local para paliar esta caída y sostener las bonificaciones. Alberto Blanco, en cambio, ve más razonable emplear el ahorro conseguido en seguir mejorando los servicios del rural. «No se trata de bonificar recibos y mantener una situación en precario», defiende.
El gobierno espera los informes de Intervención y Secretaría para tomar una decisión definitiva sobre las bonificaciones que plantean los socialistas.