De la familia que cedió el terreno para su construcción en 2010, que busca desde hace años que las administraciones implicadas corrijan el error, sin éxito hasta hoy
17 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Nunca pensó la familia Granja Negro de Filgueira que la cesión en el 2010 de algo más de 400 metros cuadrados de una finca al Concello de Lalín para facilitar que construyese el local social de la parroquia se convirtiese en un auténtico infierno en medio del caos administrativo que es España. No quisieron vender los terrenos a Xestur para ampliar la cuarta fase de Lalín 2000, pero desde el gobierno popular contactaron con ellos en el verano del 2010 para solicitarles la cesión de unos 419 metros cuadrados ?que cobrarían una vez se hiciese la ampliación del polígono? y evitar así que se perdiese una subvención del PAM de la Diputación para el edificio.
La familia accedió por el bien común, y el 14 de septiembre del 2010 rubricó el convenio de cesión con el Concello, que permitió inaugurar en abril del 2012 el flamante local social de Filgueira. Sin embargo, más tarde la familia empezó a recibir recibos del IBI de la finca, tributando como suelo industrial. Acudieron al ayuntamiento para reclamar, porque la finca ni siquiera la usaban por albergar el local social. De aquellos 70 euros de IBI, el Concello se avino a pagar, ese 2012, la parte que le correspondía por el solar que ocupaba el inmueble público. En 2013, volvió el recibo, pero para verlo disminuido solo en los casi 20 euros que pagaba el Concello, ya no fueron por allí.
Acudieron al ORAL, y allí se dieron cuenta de que algo iba mal, muy mal, al constatar que el local social no se había construido en los terrenos que habían cedido, sino que ocupaba otra zona de la finca, inutilizada prácticamente en su totalidad por los destierres que se acometieron durante las obras.
El Catastro, inmutable
Pero hubo todavía un descubrimiento más increíble: el local social de Filgueira figura a nombre de la matriarca de la familia. Remitieron entonces escritos a Catastro, a través del ORAL, advirtiendo del evidente error, señalando que la propiedad del edificio corresponde al Concello de Lalín. Pero no hubo manera: la respuesta fue que la titular era la matriarca de la familia que cedió los terrenos en 2010. Y hasta hoy.
Amenaza de que no se celebrasen allí las municipales, y un cartel de propiedad privada
La familia Granja Negro está desesperada con la situación, que además les cuesta miles de euros de su patrimonio para pagar los errores de la administración. Entre otras cosas, la aparición a su nombre de un inmueble de 237.000 euros le supuso perder 1.288 euros en la última declaración de la renta. Por eso, amenazaron al Concello con no permitir celebrar allí las elecciones municipales de mayo. Y por eso colocaron un cartel de «Propiedad privada. Prohibido el paso».
Tendrán que esperar a ver si las buenas palabras algún día se convierten en hechos: «Xa non temos máis cartos para meterlles a eles, cando todas as neglixencias foron deles. Construiron o edificio onde non é, e en 7 anos non deron arreglado a titularidade. Son todos igualitos, igualitos», concluía desanimada.
Tuvieron que pagar cinco recibos de IBI de más de 500 euros cada uno el pasado año
La administración pública, inexorable, incluyó en su regularización catastral el local social de Filgueira. El 22 de mayo del 2018 llegó la tasa de 60 euros: la familia volvió al Concello ?ya con el cuatripartito? pero Intervención se negó a pagarlo, porque no podía acreditar la titularidad municipal del inmueble. Aunque los 60 euros eran un chiste con lo que vino a renglón seguido: un IBI de 575 euros por el edificio, que tiene 237.000 euros de valor catastral. Y cayeron a continuación otros cuatro años de atrasos, a razón de más de 500 euros por anualidad. De nuevo las comunicaciones a Catastro, explicando que solo son titulares del terreno, no valieron de nada, «chegándonos a dicir que o edificio está nunha propiedade privada e o Concello non ten dereito ao seu usufructo». La conclusión fue que tuvieron que abonar los cinco recibos «porque se non daban orde de embargo e bloqueaban as contas, primeiro de miña nai e logo as dos fillos».
Siete años de lucha
En el 2018 se reunieron con el entonces edil de Urbanismo, Casares, alcalde Cuíña, secretario, interventor y asesor jurídico: «Todos dixeron que si, que o había que arreglar, pero nunca fixeron nada. Boas palabras e ‘estamos neso’. E levamos 7 anos ‘estando neso’». El pasado 23 de julio se reunió con José Crespo: «Díxome que se vai arreglar pero agora a xente está de vacacións e que a mellor maneira é comprar a finca. Pero nós queremos que nos paguen todo o que nos deben. Díxome que eu colla cita a partir do 5 de setembro con el, co secretario, co asesor xurídico, o interventor e o concelleiro de Urbanismo. Eu creo que o normal é que me chamen eles», explica la hija de la dueña del local social. Y entre tanto, nuevo recibo del IBI: otros 517 euros a su costa, por los errores de otros.