Lalín abona 2.000 euros tras un recurso fallido ante el Supremo contra Trabajo


Lalín / la voz

El proceso judicial iniciado por el anterior gobierno local de Lalín en el 2016, contra un requerimiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social para transformar en indefinidos los contratos temporales de 34 trabajadores laborales y cuatro funcionarios interinos, generó un nuevo coste a las arcas del Concello de 2.000 euros. En la junta de gobierno local celebrada la pasada semana se aprobó pagar esa cantidad requerida desde la Abogacía General de Estado en concepto de costas judiciales tras la inadmisión a trámite de un recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo, contra el citado requerimiento de regularización de Trabajo del 19 de julio del 2016.

Ese recurso se casación se presentó en nombre del Concello por el abogado Miguel Diéguez Díaz, quien se encargó de elaborar la RPT sobre la que los informes técnicos municipales ponían en duda el cumplimiento de dicho contrato. El actual gobierno recordaba ayer que ya fuera rechazado, con un coste para las arcas locales de 500 euros pendientes de pago, un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras sentencia negativa del 24 de mayo del 2017. Además, contra esa condena a costas se presentó una impugnación que de nuevo se desestimó y 100 euros más a abonar por el Concello, aún pendientes.

Resoluciones firmes

Todo se había iniciado con un recurso contencioso administrativo en el Xulgado Contencioso Administrativo de Pontevedra que fue inadmitido a trámite, continuándose después el proceso ante el TSXG y el Supremo. Todas las resoluciones dictadas hasta ahora son firmes y desestiman cualquier acción judicial emprendida por el gobierno cuatripartito anterior en todas las salas judiciales.

En el informe jurídico que acompaña al expediente aprobado la pasada semana en junta de gobierno se pide el abono de esos 2.000 euros «para evitar maiores gastos e prexuicios», apuntándose que la Asesoría municipal apenas pudo acceder a información de estos procesos judiciales y desconocía quién ordenó los recursos. Incluso podrían llegar más costes.

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