Una estradense ocultó durante 20 años la muerte de su abuelo para seguir cobrando la pensión

Era la única autorizada en la cuenta del fallecido, que ingresó 132.041 euros en ese período


a estrada / la voz

Una vecina de A Estrada ocultó durante 20 años la muerte de su abuelo para continuar cobrando la pensión de jubilación del fallecido. El hombre falleció el 2 de enero de 1996, pero ella ocultó ese hecho tanto a la Seguridad Social como a la entidad bancaria donde estaba domiciliada la pensión, que continuó cobrando de forma indebida hasta octubre del 2016.

El caso se juzgará el próximo jueves en la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra. En todo este período de más de dos décadas, la cantidad ingresada indebidamente ascendió a 132.041,23 euros. La acusada era la única persona autorizada en la cuenta de su abuelo, y realizó en esos años múltiples operaciones de reintegro en efectivo con cargo a la cuenta en que se ingresaba la pensión, al tiempo que domicilió algunos recibos, incorporando a su patrimonio todas las pensiones percibidas indebidamente, señala la fiscalía.

La pensión se duplicó

El enorme lapso de tiempo transcurrido entre el fallecimiento del hombre y la detección de los cobros indebidos explica que la pensión llegase prácticamente a duplicarse en el período en que la nieta la percibió de forma indebida. De esta forma, en el año 1997 la pensión era de 329,50 euros mensuales, pero la cuantía se fue incrementando anualmente conforme a la revaloración de las pensiones públicas, hasta situarse en octubre del 2016 en los 603,50 euros al mes.

Una vez iniciada la retrocesión, la Seguridad Social logró que el banco ?que no consta que realizase la comunicación anual de pervivencia del fallecido, como estaba obligado a hacerlo por ley? reintegrase 33.010 euros, correspondientes a las pensiones de los cuatro últimos años, sin que fuese posible la devolución de las cantidades correspondientes a los años anteriores. La fiscalía demanda a la acusada indemnizar al banco con la referida cantidad de 33.010 euros, y a la Tesorería General de la Seguridad Social con los 99.031,23 euros restantes ?con responsabilidad civil subsidiaria del propio banco? más los intereses correspondientes. También solicita la imposición de una pena de dos años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio de sufragio pasivo en ese tiempo, y la pérdida de posibles subvenciones y beneficios o incentivos fiscales de la Seguridad social durante 6 años. Porque sostiene que los hechos constituyen un delito contra la Seguridad Social, que absorbe a un delito continuado de estafa agravada.

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