El portavoz del PP, Javier Banco, critica la «escasa transparencia» del gobierno y acusa a CxL de incumplir su código de buenas prácticas, Blanco otorga al cuatripartito «un suspenso rotundo cunha nota de moi deficiente» en materia de transparencia acusándolo de «ocultar ou retrasar o acceso a certa documentación incómoda que corrobora a súa incapacidade de xestión e as súas políticas caciquís».
Denuncia que «o partido do alcalde, CxL» está incumpliendo las promesas que recogieran en su propio código ético. Señala que «Rafael Cuíña puxo o listón moi alto cara á galería na campaña do 2015, pero incumpre sistemáticamente todo o que prometeu». En este código se apuntaba, dice Blanco, que los cargos públicos deberían dar a conocer los gastos de representación cada tres meses y que no podía haber relaciones personales ni intereses particulares entre cargos públicos y empresas proveedoras, como ocurrió, dicen, en la contratación del seguro de responsabilidad civil y el concejal José Manuel Fernández.
Afirma que la información llega a los vecinos meses tarde y muchas veces ni llega a colgarse en el portal de transparencia. Dice que el acta plenaria más reciente es de agosto del 2018. Y que no están algunas como la comparecencia de José Manuel Fernández por un presunto tráfico de influencias. El último extracto de la junta de gobierno, apunta es del 3 de septiembre y «dende aquela pasaron máis de 20». «Semella, afirma, que a tramitación de diario do goberno, con adxudicacións de última hora para librarse dunha sanción do Dusi ou repartos de contratos a persoas e empresas afíns no peche de ano non son de interese para a transparencia».
Señala que de los dos nuevos vehículos usados por los titulares de Obras, Medio Rural y Urbanismo no constan datos y que quedan escindidos para los vecinos cuestiones como «organismos municipais que incumpren o período medio de pago a proveedores e superan as datas marcadas pola lei ou que houbo facturas do avogado encargado da TPT conformadas polo alcalde que estiveron meses sin pagar por irregularidades» y que no hay datos de en qué se gasta el presupuesto.