A Estrada lanza una propuesta a los sindicatos para sacar la RPT del juzgado


El Concello de A Estrada ha lanzado una nueva propuesta a los sindicatos para tratar de alcanzar un acuerdo respecto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello con el fin de desatascar el proceso, que ahora se encuentra en la vía judicial.

El gobierno convocó ayer a todos los sindicatos -Comisiones Obreras, UGT, CIG y CSIF- a una mesa de negociación en la que se les hizo entrega de una propuesta que busca el consenso. En dos semanas está previsto convocar una nueva reunión para tratar de avanzar en el documento, ya que lo que se pretende es zanjar el problema antes de que se resuelva el recurso de los trabajadores ante en TSXG.

Según avanza el alcalde estradense, José López, la propuesta busca definir bien las funciones de cada puesto -con modificaciones para ajustar valoraciones- y solucionar el problema salarial «sin que nadie baje las retribuciones respecto a lo que cobra ahora». El documento propone subidas salariales para todos los trabajadores del Concello, aunque simbólicas en el caso de los grupos más altos y más acusadas en el caso de los grupos más bajos y hasta ahora peor retribuidos. Entre los trabajadores que más se beneficiarían López cita los del grupo C, auxiliares administrativos, administrativos, peones, Policía Local, grupos bajos del personal laboral o trabajadores del servicio municipal de Emerxencias y Protección Civil.

Problemas entre trabajadores

«En marzo nos gustaría tener una propuesta para dejar el conflicto resuelto antes de las elecciones. La mayoría de los funcionarios está deseando resolver esta situación de inquietud que no ayuda a la tranquilidad laboral e incluso genera problemas entre trabajadores», dice López.

El caballo de batalla será conseguir los fondos para afrontar la subida salarial generalizada. En teoría la legislación no permite un incremento de la masa salarial. El límite serían los fondos consignados en el capítulo 1 de los presupuestos, por lo que habría que respetar ese importe global, que supera los cuatro millones de euros. Pese a ello, el gobierno ve factible un acuerdo.

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