El gobierno considera un chantaje del PP la demanda de expulsión de Peña

Rafael Cuíña se posiciona al lado de «unha compañeira que aprecio e valoro»


lalín / la voz

La reacción del PP a la denuncia judicial de APAC, exigiendo la cabeza de la concejala Lara Rodríguez Peña para evitar la ruptura total de diálogo con el cuatripartito, ha provocado que los tres partidos que habían dejado sola a la concejala de Cultura cerrasen filas ayer con ella para rechazar de forma unánime lo que consideran un chantaje del PP. El alcalde, Rafael Cuíña (CxL), lo expresaba ya de mañana en su Facebook: «Eu chantaxes políticas non acepto. Entre unha compañeira que aprecio e valoro, e os que me queren machacar, teño claro de que lado estou». Sobre la ruptura de relaciones del PP, dijo que lo importante es sacar proyectos para los vecinos: «O goberno nunca se negaría a un plan de obras que presente o PP, e supoño que o PP tampouco se negaría a cuestións beneficiosas para os veciños porque teñamos esta situación», por lo que no quiere que enfrentamientos políticos afecten finalmente a la vecindad.

González Casares (PSOE) señala que es una demanda del PP con nulo recorrido en el gobierno: «Como imos botar a APAC. Non entendo romper con APAC por esto, e tampouco o entendería a xente. Se entenden que hai algo están no seu dereito a presentar unha denuncia, sin que iso teña que ver coa acción de goberno». Entiende que el PP pueda estar molesto con APAC, pero recuerda que los demás grupos se desmarcaron de esa acción, por eso cree que romper el diálogo con el ejecutivo es una decisión arbitraria del PP.

Vilariño (BNG) insistió en que «funcionar en termos de chantaxe é inadmisible», y apeló de nuevo al diálogo entre gobierno y oposición: «Somos moi conscientes de que somos un goberno en minoría, que para sacar cousas adiante temos que sentarnos a falar». Y subraya la contradicción de que Carballal demande algo que ya da por hecho él mismo que es imposible porque sería hacerse el harakiri.

CIG critica a Peña por criminalizar y poner en tela de juicio al cuadro de personal municipal

CIG distribuyó un escrito en que subraya que los problemas laborales de gran calado del Concello son herencia de los gobiernos de Crespo, irregularidades que el sindicato denunció con múltiples demandas: tanto en problemas de indefinición, equiparación y un plus de productividad cuyos criterios de aplicación pactados por el gobierno del PP y el anterior sindicato mayoritario aún desconocen a día de hoy.

Pero CIG solicita que si una organización política denuncia a otra, las declaraciones se centren en el conflicto entre las partes, y dejan al margen a los trabajadores del Concello: «Voltamos de novo a ser a arma arroxadiza» entre unos y otros. Critican con dureza a Lara Rodríguez, por sus declaraciones que «a priori criminalizan a nosa condición de traballadores públicos e pon en tea de xuízo a todo o cadro de persoal do Concello. Non estamos dispostos a que se dubide da nosa profesionalidade, e moito menos da lexitimidade para desenvolver as nosas responsabilidades e defender o noso posto de traballo». Los avalan, incide CIG, la legalidad laboral, informes de inspecciones y sentencias: «E non imos permitir ningún ataque inxustificado veña de onde veña». Así lo dijeron ya a la oposición, y «desta vez a esa parte da coalición de goberno que parece pór en entredito as boas relacións acadadas en mesa de negociación co resto de grupos que a compón».

Los reparos del conservatorio fueron por la mala praxis popular, subraya Casares

Casares lamentó el continuo cinismo político del PP y de su portavoz, Blanco Carballal, por cuestionar el levantamiento de reparos suspensivos en 2016 para contratar a los profesores del conservatorio. Cree que son palabras para confundir a la sociedad, y recuerda que la necesidad de levantaron esos reparos «veu motivada unicamente e exclusivamente pola mala praxe do PP en política laboral, xa que en 25 anos non aprobou una RPT para o Padroado Cultural e foi mantendo os docentes de xeito irregular a través de contratos anuais que nalgúns casos se foron encadeando dende o ano 2000 e que Inspección de Traballo obrigou a regularizar en 2016».

Considera esperpénticas e injustificables las amenazas del PP, y pregunta a Carballal si él estaría dispuesto a cerrar el conservatorio, única alternativa posible a no levantar el reparo. Y subraya que la regularización de personal del patronato fue de obligado cumplimiento ante Trabajo, bajo riesgo de sanción. Recuerda que Intervención y Secretaría informaban entonces que de no iniciar aquel curso escolar, sería prácticamente imposible reanudar las clases en años. El gobierno estaba en un callejón sin salida, con resoluciones contradictorias sobre la mesa, y recuerda que levantar reparos es un procedimiento administrativo incluido en la normativa. Lara Rodríguez evitó pronunciarse; Román Rodríguez dijo no estar demasiado preocupado por la denuncia.

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