La medida es hasta cubrir la deuda con ex trabajadores por 85.000 euros
24 oct 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El litigio laboral en la empresa Explotación Minera de Campomarzo SA se prolonga ya casi cinco años. El pasado día 19, el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra ordenó el embargo de las cantidades que aparezcan en las cuentas bancarias de la empresa y las devoluciones del IRPF o por cualquier otro concepto que tenga pendientes de percibir de la AEAT hasta cubrir la cantidad de 72.470,35 euros y 13.000 más presupuestados para intereses y costas de ejecución, según recoge la diligencia de la orden.
También ordena el precintado de tres vehículos, dos Dumper y un todoterreno, por si fuese necesario subastarlos para cubrir la deuda.
La decisión del juzgado llega tras el cansancio y la necesidad por los impagos. Los trabajadores, al menos los tres que está asesorando la CIG, se cansaron de los incumplimientos de la empresa «despois de que lle demos tódalas facilidades», según señalaron ayer dos de ellos y el representante de la CIG, Antón Álvarez Merayo. En octubre solicitaron al juzgado que activase estas medidas que estaban concedidas anteriormente pero suspendidas tras un proceso de intentos de solución e incumplimientos.
El contencioso arrastra ya un par de ERES desde 2011, también propiciaron cobrar deuda distribuyéndola en nóminas durante dos años y «sempre demos todas as oportunidades á empresa». Tienen reconocida una indemnización de 45 días por un máximo de 20 mensualidades y se arriesgan, si entran en el Fondo de Garantía Salarial a tener 20 días por año y doce mensualidades, además de prolongarse años el proceso. Arrastraron entre cuatro y ocho meses de atrasos. En la última fase del conflicto tras conseguir el embargo para cobrar sus salarios, la acción de la empresa pagando una partida de 4.263 euros para la mensualidad de julio levantó el embargo pero en agosto ya no hubo nuevo pago. «Esperamos que pasara setembro, dándolle marxe pero non pagou e solicitamos o levantamento da suspensión que é o que decideu o xulgado».
A la empresa le queda opción de recurso de reposición en tres días pero tendría que pagar.
Los trabajadores insistieron en trasladar a la sociedad que no paran ellos la empresa sino el empresario al no pagar y recuerdan que tras su despido se contrató otro personal. Afirman que la decisión que adoptaron tras dar todas las oportunidades y tener necesidad económica:«Non podiamos esperar mais con dous meses de atraso. Sempre tentamos arranxar polas boas non se nos pode poñer en dúbida».