La fiscala acusa a la ex alcaldesa de prevaricar facturando 3.306 euros a un edil
24 ene 2015 . Actualizado a las 05:45 h.La titular del Juzgado número 2 de Lalín acaba de emitir un auto por el que decreta la apertura de juicio oral en el procedimiento contra la ex alcaldesa de Silleda, Ofelia Rey, y dos trabajadores, el entonces arquitecto municipal J.L.R.G. y el aparejador municipal J.A.P.F. Se produce tras formular la Fiscalía el escrito de acusación contra estas personas. El juicio, pendiente de fijar fecha, tendrá lugar en el Juzgado de lo Penal de Pontevedra y contra el auto no cabe ningún recurso.
La acusación fiscal solicita que se imponga a Ofelia Rey por un delito de prevaricación una pena de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público por un período de ocho años.
Para los dos trabajadores municipales (el arquitecto ya no trabaja en el Concello hace tiempo) la acusación de la fiscala es por un delito de certificación falsa en el que son coautores y pide para ellos la pena de un año de suspensión.
La Fiscalía presenta acusación contra Ofelia Rey por un delito de prevaricación al dictar un decreto, en abril del 2011 siendo alcaldesa, en el que ordenaba el pago de una factura de plantas por importe de 3.306,91 euros al concejal Gerardo Lázara Moreda «a sabiendas de que non podía contratar co mesmo por ter o cargo de concelleiro electo no Concello de Silleda» y pese a la disconformidad con ese pago por parte de la Intervención municipal.
En cuanto a los trabajadores del Concello acusados la fiscala apunta que «postos de común acordo e a sabendas da falta de veracidade do mesmo, emitiron conxuntamente» un informe en que certificaban en relación a las obras del AVE que había acabado el uso de los caminos afectados por las obras que ejecutaba la UTE AVE Ulla-Dragados/TECSA con todas las reparaciones oportunas realizadas «o cal non era certo pois continuaban traballando e circulando por ditos camiños os camións das empresas contratadas por non finalizaren as obras».
En base al citado informe el Concello acordó el 25 de marzo del 2011 la devolución de dos avales por 226.500 y 75.000 euros concertados con las empresas con las que fueron constituidos para garantizar que las pistas y caminos fuesen reparados al acabar las obras.
La fiscala especifica también los testigos que deben ser requeridos. Concretamente acudirá al juicio Paula Fernández que había sido quien había puesto a disposición de la Fiscalía una amplia serie de hechos que consideraba irregulares por si podían constituir delito. También acudirá la entonces interventora municipal de Silleda. La citación es también para Gerardo Lázara, entonces edil no adscrito y cuya empresa cobró la factura en que se fundamenta la acusación contra Ofelia Rey. Y declararán agentes de policía municipal que comprobaron los caminos de obras del AVE.
Todo está dispuesto ya para la vista oral. La ex alcaldesa se había mostrado tranquila ante la gran cantidad de posibles irregularidades que le atribuía Paula Fernández que finalmente se quedaron (para ella) en la factura del edil. Paula Fernández aludía búsqueda de beneficio personal. En este caso y pendiente de juicio la cuantía es de 3.306 euros.
Al ex arquitecto y al aparejador se les acusa de certificar en falso
avales del AVE
La fiscala no consideró diversas irregularidades más que detallaba
Paula Fernández