El presidente de Lalín-Deza dice que esperaban un fallo en esa línea por la reclamación de Finca Martino de 11.600 euros por abortar tres vacas
09 ene 2015 . Actualizado a las 05:09 h.El presidente de la escudería Lalín-Deza, Antonio Troitiño, mostró ayer su satisfacción por el fallo del juzgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra que desestimó la demanda del titular de Finca Martino en Pardesoa (Maceira, Lalín), José Antonio González, que reclamaba 11.638 euros por los aborto de tres vacas de su granja en marzo del 2012, que atribuía al estruendo de los coches que participaban en el Rali do Cocido organizado por la escudería lalinense, así como por el descenso de producción láctea en la explotación tras la prueba automovilística. Troitiño indicó que «era máis ou menos o que esperabamos, porque era unha cousa inxusta e ilóxica. En vinte anos que se leva celebrando o rali nunca presentaron unha soa reclamación deste tipo, e que un só propietario reclame por tres abortos de vacas non ten moita lóxica», manifestó.
Además, señala que la sentencia evita sentar un precedente de futuro, y ofrece en ese sentido mayor tranquilidad a la escudería a la hora de organizar nuevas ediciones del rali: «Se non, o día de mañá podías chegar a calquer sitio e podían temer que lles ía abortar unha vaca, podería haber ese medo», una circunstancia que cree que disipa la sentencia del tribunal pontevedrés, puesto que no considera acreditada la existencia de un nexo causal entre la celebración de la prueba y el aborto de las tres reses. Antonio Troitiño cuestionó que el ganadero reclamase inicialmente una cantidad menor por los abortos de las reses que la recogida luego en la demanda.
González lamenta no recurrir
Por su parte, el ganadero José Antonio González lamentó perder el caso «por non ter feita unha analítica ás vacas o día que abortaron», y no poder recurrir a otras instancias judiciales para mantener abierta la batalla jurídica. Y es que el propio fallo judicial señala que contra la sentencia no cabe interponer recurso, e impone además las costas al recurrente, con un límite de 200 euros a cada una de las partes.