El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, anunció este viernes que, por primera vez, el Gobierno central financiará la exhumación de dos fosas comunes del franquismo localizadas en Galicia, concretamente las ubicadas en el concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade y en el coruñés de O Pino. Esta iniciativa busca identificar y, al mismo tiempo, dignificar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura posterior con una primera aportación de 106.395,08 euros a la Xunta. Miñones ha insistido en que «es la primera vez que un gobierno habilita ayudas directas a las comunidades autónomas» para este tipo de actuaciones.
El Boletín Oficial del Estado de este viernes formalizó la transferencia a la Administración autonómica de esta partida. La Xunta, por su parte, «deberá desarrollar estos trabajos en los próximos meses». En concreto, se actuará sobre la fosa común del cementerio de Tenorio, «donde se estima la existencia de once víctimas», así como en la situada en el lugar de Amenal, en O Pino, donde se cree que hay tres víctimas.
La ayuda «contempla la creación de un grupo multidisciplinar con la participación de historiadores, forenses, arqueólogos y otros especialistas para ejecutar estas tareas y dignificar víctimas y lugares».
Se trata de una financiación que se acordó en marzo en la primera conferencia sectorial de Memoria Democrática, presidida por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. En el marco de este encuentro presentaron las líneas de trabajo, así como las ayudas directas.
El reparto de los 106.395,08 se enmarca dentro del Plan Cuatrienal 2020-2024, que pretende dar respuesta a las recomendaciones dirigidas a España por los principales organismos internacionales de Derechos Humanos, «con el fin de impulsar de forma decidida las políticas de Memoria Democrática, especialmente en lo relativo a la búsqueda, e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura».
Sin ayudas desde el 2013
Esta iniciativa se complementa con un plan de choque que el
Ministerio de la Presidencia puso en marcha durante el pasado año con carácter transitorio para paliar la falta de recursos económicos para las políticas de Memoria Democrática, debido a la ausencia de subvenciones gubernamentales desde el 2013.