El PSOE llevará mociones a los concellos para reclamar atención a este problema
18 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.En Deza cifran en 7.000 las personas que se encuentran en la actualidad en situación de pobreza energética. ¿Qué significa? Destinan más del 10 % de sus ingresos al consumo de energía, como luz o calefacción. Un dato aportado ayer por la senadora socialista, Paula Fernández, que junto al diputado, Guillermo Meijón, y el alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, anunciaban mociones en los concellos y nuevas iniciativas en el Congreso para reclamar «unha atención axeitada para estas persoas polo Goberno do PP». «Que axuden igual que o fan os alcaldes do PSOE a estas familias», resaltó Paula Fernández.
La senadora dezana recordó el rechazo del PP en el Congreso a una moción socialista para pedir protección a las familias en situación de pobreza energética. En esa situación están sobre siete millones de personas en España, 500.000 de ellas en Galicia y 170.000 en la provincia pontevedresa. Paula Fernández insistió en la necesidad de atender a las familias vulnerables, planteando que el Gobierno central abone la diferencia entre tarifa social y coste real. Supondría financiar 120 millones, según el PSOE, «que aposten polo rescate das persoas en emerxencia social».
Paula Fernández, al igual que Guillermo Meijón, aludieron además al bono social eléctrico implantado en el 2009 para solventar los problemas de personas con rentas bajas. Aseguraron que 200.000 beneficiarios perdieron ese bono a nivel nacional en tres años, un 8 %, cifra que se dispara al 12 % en la provincia. Meijón apuntó además al apoyo que prestan los concellos frente a ese desarraigo del Gobierno central, a pesar de sus dificultades económicas. Un hecho al que aludió también Manuel Cuíña, asegurando que no se corta a nadie la luz en Silleda y actúa Servizos Sociais, abonando el Concello las facturas impagadas.
Por otra parte, los socialistas se reunieron también ayer en Silleda para coordinar las enmiendas de Deza a los Presupuestos Generales del Estado, que no prevén inversiones en la comarca.