Los acusados, en todo caso, consiguieron desembarcar 3,6 kilos en Marín
07 ago 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Diseñaron un ruta para introducir cocaína en España a través del puerto de Marín, pero no les pudo salir peor. Para no llamar demasiado la atención, la red aprovechó las fiestas parroquiales del 2010 en Cantodarea para retirar un primer envío de 3,6 kilos de droga. Sin embargo, el encargado de recoger la mochila con estupefacientes, el filipino Geoffrey Palomata, fue interceptado en una intervención rutinaria de la Guardia Civil cuando abandonaba un mercante con bandera de Liberia en uno de cuyos aseos, oculto en el falso techo, viajó el alijo desde Ecuador.
La siguiente transacción salió aún peor. Y es que, en junio del 2010, atracó en Marín otro buque procedente también de Ecuador en uno de cuyos contenedores, mediante el procedimiento de gancho ciego, habían ocultado cerca de medio centenar de kilos de cocaína escondidos entre plátanos. El palé con la droga tendría que haber sido descargado en el puerto pontevedrés. Sin embargo, por un error en su identificación, el cargamento continuó viaje hasta Varsovia (Polonia).
Por estos hechos, la Audiencia de Pontevedra, en una sentencia que acaba de confirmar el Tribunal Supremo, condenó a Julio Casino Escrache, considerado como la persona que habría ideado esta narcorruta y destinatario final de los estupefacientes, a nueve años de prisión y el pago de una multa de seiscientos mil euros por tráfico de drogas. Además, se le impuso un año más por la tenencia de una pistola con silenciador y otros seis meses por llevar encima un DNI a nombre de otra personas y al que había incorporado una fotografía suya.
El alto tribunal español, asimismo, ha ratificado los siete años y ocho meses y multa de 401.446 euros para un excabo de la Guardia Civil que llegó a ser el máximo responsable del puesto del instituto armado en Rodeiro, Dionisio Lago Benavides. En la misma resolución, un tío del exagente fue absuelto al considera que no existían pruebas de cargo de que hubiera participado en las operaciones delictivas.
La nómina de condenados se completó con el ya citado Geoffrey Palomata -seis años de cárcel y multa de doscientos mil euros- y Manuel González, al que le impusieron las mismas penas que a Dionisio Lago Benavides.
El Supremo, a la hora de desestimar los recursos de los acusados, avala las escuchas telefónicas que llevaron a cabo los policías del Greco Galicia. «El juez actuó, pues, en el marco de la investigación de un presunto delito grave contra la salud pública, como es el tráfico de sustancias estupefacientes, para la que resultaban necesarias las intervenciones telefónicas y se ha acordado precisamente con relación a personas presuntamente implicadas, respetando, además, las exigencias constitucionales».