El BNG presentó ayer un escrito en el Parlamento de Galicia que recoge una proposición no de ley para instar a la Consellería de Sanidade a mantener operativo a tiempo completo el servicio de radiología del centro de salud de Lalín, y garantizar una atención sanitaria pública y de calidad para la comarca dezana, que presenta en la actualidad una población envejecida y dispersa. La diputada Carme Adán estuvo en Lalín para difundir la iniciativa, que intenta poner freno a un desmantelamiento de servicios sanitarios en la zona.
Entiende que la supresión del servicio de radiología por la tarde en los meses de julio, agosto y septiembre es «un primeiro paso para cancelar esta prestación en horario de tarde», y destaca que dejar al ambulatorio solo con horario matinal significa un desmantelamiento de los servicios públicos de salud en la localidad, «e unha perda dos escasos recursos sanitarios cos que conta Lalín». El Bloque subraya que la gestión sanitaria del PP en los últimos años significó la privatización, cierre masivo de camas por no sustituir personal sanitario en las vacaciones y la reducción de servicios sanitarios para la población en su conjunto.
Indican que en 2010 cerraron 588 camas, y al año siguiente, 670. En el 2012 se llegó a 787 camas cerradas, y 1.105 el pasado año, con una previsión para este ejercicio que llega a las 1.200: en cuatro años, se duplicaron las camas cerradas en verano.
Defensa del partido judicial
Por otra parte, Carme Adán defendió el mantenimiento del partido judicial de Lalín, y de la planta judicial gallega en general. El BNG ya presentó una proposición en O Hórreo para retirar el anteproyecto de la ley de reforma judicial, y para crear un grupo de trabajo que defina un modelo adecuado a las peculiaridades gallegas.
La diputada nacionalista alertó del retroceso en los derechos de la ciudadanía que supondría tener que acudir a Pontevedra para cualquier trámite judicial, y reclamó al PP acabar con su discurso contradictorio, que va variando las posturas respecto a la reforma según quién hable. Dijo que los operadores judiciales tienen que realizar su aportación en los cambios que se hagan, y demandó implicación de la ciudadanía frente al anteproyecto, para el que no ve más alternativa que su retirada.