El fallo en contra permitirá al gobierno reforzar personal en Urbanismo pese a la prohibición de contrataciones de Rajoy
08 jun 2014 . Actualizado a las 08:05 h.El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra acaba de dictar sentencia contra el Concello de A Estrada por el despido de un trabajador, que se ha declarado improcedente. Lejos de apenarse por el fallo en contra, el gobierno local casi lo festeja, ya que le dará la oportunidad de ampliar personal en el departamento de Urbanismo. En más de una ocasión el alcalde estradense, José López, ha achacado los retrasos en diferentes gestiones y proyectos a las carencias de personal en la sección de Urbanismo. Los trabajadores con plaza han estado inmersos en el maremágnum del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y a los que sacaban adelante más proyectos y direcciones de obra los contratos les han finalizado sin posibilidades de renovación.
En este sentido, Rajoy se ha convertido en el peor enemigo del gobierno estradense, a pesar de tener el mismo color. Las medidas de contención del gasto de la administración local impuestas por el gobierno central no hacen distinciones entre concellos más o menos saneados y cierran las puertas sin excepciones a las renovaciones o ampliaciones de personal.
Al equipo de López le gustaría reforzar Urbanismo. Legalmente no es posible. A no ser que lo ordene un juzgado. Eso es precisamente lo que acaba de suceder. La demanda interpuesta contra el Concello por el ex arquitecto municipal Manuel Sanmartín Chao ha sido estimada y el juzgado ha declarado improcedente el despido del trabajador. El técnico había encadenado dos contratos temporales con los que adquirió derechos laborales que la justicia le ha reconocido. La sentencia obliga al Concello a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que antes de producirse el despido. El juez da también al Concello la posibilidad de indemnizar al trabajador con 3.451 euros en lugar de readmitirle. No obstante, teniendo en cuenta las reiteradas quejas de escasez de personal en el departamento no parece probable que se opte por la indemnización.
El caso del ex arquitecto no es el único del departamento que ha llegado a los tribunales. También el ex aparejador municipal Daniel Órrea -que finalizó su contrato el 31 de diciembre del año pasado- interpuso una demanda contra el Concello ante el juzgado de lo social número 4 de Pontevedra por varios años de encadenamiento de contratos con los que presuntamente también habría adquirido derechos laborales. El juicio ya se ha celebrado, pero la sentencia aún está pendiente
Precedentes
Los suyos no son casos aislados. Últimamente la política laboral a golpe de sentencias parece haberse convertido en la norma comarcal. El Concello de Silleda también tendrá que readmitir a su segundo arquitecto y A Estrada ya ha tenido que readmitir a una administrativa e indemnizar -por no readmitir- a un trabajador del Grumir y un extécnico de Deportes.
crónica dulce condena para el concello de a estrada