PP y PSOE llegaron a las comisiones informativas con sendas mociones sobre la reforma judicial en marcha. El gobierno local, con una moción de partido que demanda un tribunal de instancia para cada una de las siete grandes ciudades gallegas, con el añadido de reclamar una sede desplazada en Lalín para que los juzgados mantengan su actividad y actual nivel de servicios; el PSOE plantea el rechazo al anteproyecto de ley, y exige mantener el partido judicial de Lalín, los juzgados y el personal adscrito a ellos.
El portavoz popular, Román Rodríguez, sostuvo que ambas mociones demandan lo mismo en el fondo. El PSOE discrepa profundamente: «Cómo vai ser o mesmo pedir que se manteña o partido xudicial, ou ter unha delegación, que pode ter tarefas delegadas ou non, e obrigar a todos a ir a Pontevedra». Los socialistas se ofrecieron a retirar su moción para presentar una conjunta, indicó González Aller. No hubo acuerdo, porque el PP no descarta llevar un nuevo texto salido del consenso con alcaldes dezanos que busca Crespo al pleno del lunes, manifestó el portavoz socialista.
Preguntas de Pena en Madrid
Por su parte, la senadora socialista Paula Fernández Pena presentó en el registro de la Cámara Alta una batería de preguntas al Gobierno para conocer los datos del supuesto ahorro para las arcas estatales que supondrá la supresión de los partidos judiciales de Lalín y A Estrada, y el coste real de convertirlos en sedes desplazadas. En su opinión, «el argumento de austeridad del ejecutivo se cae por su propio peso cuando la inversión para habiiltar nuevos juzgados en Pontevedra es muy superior al pírrico ahorro que conseguirán por dejar a las comarcas de Deza y Tabeirós sin servicios de justicia».
La política silledense puntualizó que los profesionales advierten de que, por lo menos el partido judicial de Lalín, por su volumen de trabajo precisa un nuevo juzgado y no que se convierten en una sede desplazada de Pontevedra. En ese sentido, insta al Gobierno a atender esa reclamación y a aclarar cuántos procedimientos civiles y penales se están tramitando en la actualidad en Lalín y A Estrada. Fernández Pena cree que el Ministerio de Justicia no tuvo en cuenta ni las peculiaridades geográficas ni demográficas de ambas comarcas al adoptar su decisión. Pregunta además por la actividad de los juzgados de paz, cuya supresión obligará a vecinos de la zona a desplazarse.