La vista fue suspendida ante la imposibilidad de que comparecieran
27 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.Un grupo de representantes de las Plataformas de afectados por las preferentes y subordinadas do Baixo Miño, Lugo, Salnés y Compostela se desplazaron ayer a Lalín para condenar que fueran encausados por una presunta falta de resistencia a la autoridad Lois Bahúlo, natural del Salnés y Juan Freiría, de Tui. Ambos afectados por las preferentes se encuentran enfermos y padecen una discapacidad psíquica importante.
Precisamente su imposibilidad de comparecer hizo que el juicio fuera suspendido temporalmente. Ante la puerta del Juzgado de Lalín los preferentistas pidieron que «a xustiza faga o que non fai ni a represión a que nos sometendo o goberno Partido Popular nin algunhos membros das forzas de seguridade lle seguen o xogo e que nos tratan como delincuentes cando non o somos» y que «o que queremos é que a xustiza nos axude». Unas declaraciones que hacía Julio Vicente, de la plataforma de Baixo Miño, que actuó como portavoz.
Vicente González destacó que ambos acusados «non teñen capacidade ni para defenderse nin para nombrar a alguén que os defenda». Considera que esa situación, dado el estado de salud de ambos no va a variar y que no van a estar nunca en condiciones de declarar. Los hechos que se les imputan ocurrieron el 23 de marzo del 2013 en el transcurso de una concentración de afectados por las preferentes coincidiendo con la celebración de un congreso del PP en el recinto ferial de Silleda.
Julio Vicente reclamó «sentido común» y una solución para los problemas de todos los afectados. En el caso de como Lois Bahúlo es natural del Salnés sufre una discapacidad mental de un 60 % a causa de un accidente de Tráfico y que no recuperó sus ahorros «mentras que hai concelleiros do PP e entre eles xente con estudos e inversores que si as recuperaron».
El portavoz de la plataforma invita a la reflexión, a la vez que critica que ya el 23 de marzo del año pasado Lois Bahúlo fuera detenido por las fuerzas del orden. Cifra en 17.000 euros la suma de las sanciones administrativas impuestas a las plataformas de preferentes, la mayoría a la de Baixo Miño y en 30.000 euros lo que les costaría defenderse de ellas en los juzgados y acusa al gobierno gallego y al del Estado de «estar xogando cos nosos aforros».
Piden la devolución de los 502 millones de euros a los 35.000 afectados por este producto financiero tóxico y se quejan de que ellos sean perseguidos mientras que «os que nos estafaron estén libres».
«Estas dúas persoas non teñen capacidad nin para defenderse nin para nombrar a quen os defenda»
Julio Vicente