Reduce a 10.000 euros la indemnización, y rechaza acusar a Datorre
13 feb 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El juicio por la denuncia de la ex secretaria de Silleda, Cristina Alonso, contra la ex alcaldesa y actual senadora socialista, Paula Fernández, y el ex edil en el gobierno, el nacionalista, Matías Rodríguez Datorre, quedó ayer visto para sentencia en el Juzgado de Primera Instancia número uno en Santiago. La defensa de la ex secretaria los acusaba por por vulneración a su honor y solicitaba indemnizaciones de 30.000 euros y la publicación de la sentencia en prensa, y los acusados rechazaban tal vulneración acogiéndose a su función de actividad política municipal .
Las partes mantuvieron sus posiciones de acusación y de inocencia de las acusaciones, pero la fiscal se situó en una tercera vía. Pidió la condena de Paula Fernández al entender que había habido vulneración del honor de la secretaria en su actuación. Pero no entendió lo mismo con el edil nacionalista Datorre a quien dejó fuera de la acusación. En cuanto a la indemnización, reclama que la ex alcaldesa pague 10.000 euros, un tercio de la petición de la acusación particular.
La fiscalía dejó mensajes sobre la actuación de los políticos cuestionando que lleven sus criterios y acusaciones a la secretaria a los medios al considerar que si estiman que su trabajo no es correcto deben abrir un expediente interno. Considera que es una forma de presión que al final sirve a lograr objetivos porque la secretaria acabó marchándose de Silleda.
La denuncia venía propiciada sobre todo desde un comunicado publicado tras una junta de gobierno (Silleda tenía gobierno bipartito PSOE-BNG) que tuvo continuidad en un pleno donde el PP preguntaba por lo que consideraba ataques a la entonces secretaria de Silleda. Había varios argumentos para la denuncia, según se reitero ayer desde la acusación: al afirmarse que la secretaria retrasaba los expedientes intencionadamente y no reflejaba lo ocurrido en actas y alusiones a connivencia políticas con el PP. Esas acusaciones las traduce en delitos la acusación para presentar y mantener su denuncia: prevaricación si se ve intencionalidad en los retrasos, y falsedad en documento si se refleja en acta algo que no es real.
Los acusados situaron su defensa en que no difundieron nada fuera de acciones de la actividad de juntas o plenos, aunque se les recordó que hubo una primera nota de prensa que desencadenó varios meses de criticas mediáticas a la ex secretaria.
Datorre se desligó totalmente de que hubiese visto connivencia política o de hacer algo que no fuera crítica al retraso de expedientes o contenido de actas y se amparó en su libertad de expresión al hacerlo siempre en foros de junta o pleno y sobre cuestiones que debe conocer la ciudadanía. El fiscal lo dejó fuera de su acusación, pero vio más intencionalidad contra la ex secretaria en Paula Fernández, que además era alcaldesa, y le mantuvo la acusación. La jueza tiene la última la palabra.