El Concello dice que cada caso emplea a cinco funcionarios y 28 horas
22 feb 2012 . Actualizado a las 07:00 h.El Concello de Lalín justifica en los elevados costes de tramitación la espectacular subida de la tasa por expedición de documentos administrativos y servicios urbanísticos, que pasa de un precio único de 100 euros hasta los 750 euros en los siguientes apartados: las certificaciones urbanísticas acreditativas del transcurso del plazo legal previsto para el ejercicio, por parte de la Administración, de la potestad de protección de la legalidad urbanística; la expedición de certificaciones de declaración de inmuebles en situación de fuera de ordenación; y las certificaciones urbanísticas de no constar incoados, por el Concello, expedientes relativos a procedimientos de protección de la legalidad urbanística o sancionadores por infracciones urbanísticas. Por 100 euros únicamente se solicitarán informes sobre el régimen urbanístico aplicable a una parcela catastral o sobre cargas urbanísticas de una parcela, y cualquier otro informe distinto de los anteriores.
Material de oficina y locomoción
El Concello explica que la tramitación de los expedientes que pasa a costar 750 euros es complicada. Asegura que cada uno de ellos precisa la intervención de cinco funcionarios, por un período total de 28 horas: diez horas de trabajo del inspector jefe de obras, y otras tantas del arquitecto técnico; cuatro horas de un técnico de administración general; dos horas de un auxiliar administrativo y otras dos de un administrativo. A mayores, el gasto de material de oficina, notificaciones y locomoción.
El ayuntamiento comprobó que del año 2005 al 2011 la media fue de 45 expedientes anuales. De esta forma, estima el coste del servicio en 35.397,50 euros, y redondea a 750 euros la tasa para cada expediente, por lo que la previsión es que la tasa genere 33.750 euros anuales, por lo que el servicio partirá de un déficit anual previsto de 1.647,30 euros.
La modificación de la tasa irá a pleno el próximo lunes, y tras su aprobación se someterá a información pública y audiencia de los interesados durante un período de treinta días: en caso de que no se presenten reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo, que entrará en vigor tras su publicación en el boletín oficial de la provincia.