Técnicos de la Diputación y del Oral están manejando al menos cuatro sentencias del año 2007 para reclamar al Estado la exención del 95% del IBI que debía pagar la AP-9 a su paso por 12 concellos pontevedreses.
Estas cuatro sentencias, que son anteriores en unos meses a la que otorgó al Concello de Pontevedra el 95% reclamado a Hacienda del IBI de la AP-9, corresponden a Vilalba Saserra en Barcelona, a Cenicero en la Rioja, a Navas de San Antonio en Segovia y a El Espinar, también en la provincia de Segovia.
La más antigua de todas ellas es la que corresponde a Vilalba Saserra y data de octubre del 2006. Pero no solo resulta interesante por su mayor antigüedad, sino también porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid extiende la posibilidad de cobrar el IBI a fincas afectadas por las ampliaciones y carriles adicionales de la autopista de Acesa. Otra importante novedad de esta sentencia es que en la demanda participó el Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona.
En los despachos del ente provincial se está examinando asimismo una sentencia favorable a Cenicero de comienzos del 2007 y otras dos favorables a los ayuntamientos de El Espinar y Navas de San Antonio -municipios situados en el recorrido de la AP-6 en Segovia- entre los meses de mayo y junio de ese mismo año.
Además de los 12 concellos para los que la Diputación ha anunciado una reclamación a través del Oral, la AP-9 discurre en la provincia de Pontevedra por otros tres ayuntamientos, Pontevedra, Redondela y Vigo. En el caso de Pontevedra, el tribunal madrileño ya dictó sentencia favorable, mientras que en Redondela ya se ha planteado también la correspondiente reclamación.
Los atrasos de tres años del IBI de la AP-9 pueden representar cuatro millones de ingresos para los concellos, según las primeras estimaciones de la Diputación. No obstante, esta cantidad podría rondar los cinco millones si se suman las cifras que corresponden a Pontevedra, Vigo y Redondela por la exención del 95% que pagaría Hacienda.