El conflicto de la casa derribada en Codeseda acaba para el gobierno, pero empieza para las arcas municipales
DEZA
Con el derriba del inmueble de Codeseda denunciado desde hace años por un vecino acaba, en cierta forma, la pesadilla que vivieron en la última década sus propietarios y un gobierno local que no actuó debidamente en su momento y que ha tenido que cargar, durante seis o siete años, con las consecuencias y con un montón de recursos, contenciosos y pleitos que trataban de evitar la demolición.
Pero la actuación de las palas el pasado viernes solo va a significar un punto y aparte, o el inicio de otro capítulo, en esta novela tan desgastada. Es posible que la historia no acabe hasta dentro de un par de años. Para empezar, el Concello tiene encima de la mesa una petición de los dueños del inmueble en el que se le pide una indemnización -que podría superar los 200.000 euros- por su responsabilidad patrimonial en todo lo que ha pasado con esta casa. Es una petición que, en principio, el actual gobierno local -que nada tuvo que ver en las actuaciones y decisiones municipales en los años claves de este conflicto- podría aceptar sin mayores dudas.
Otro gasto, en mal momento
Pero mientras el gobierno local estudia si cabe aceptar esa petición, y sacar de las arcas municipales 200.000 euros para dicha indemnización, el Concello se ve inmerso en un proceso administrativo paralelo y novedoso, también relacionado con esa casa, y que le va a suponer????nuevos gastos, que habría que sumar a los que ya tuvo que afrontar la hacienda local desde que surgió este conflicto. En concreto, la junta de gobierno local acordó ayer contratar a un abogado que defienda los intereses municipales ante un recurso de los propietarios de la casa contra la adjudicación de las tareas de demolición.
Dicho recurso pudo originarse como una estrategia más para retrasar el derribo de la casa. Los dueños y sus abogados entendieron que en la contratación de las tareas de derribo se produjo alguna irregularidad denunciable. El recurso obliga ahora al Concello a gastarse un dinero en los servicios del abogado que defienda al Concello. Es un nuevo gasto que surge en unos momentos en los que el gobierno local está pensando en ser generoso y no rechazar la petición de indemnización. Si lo hiciera se enfrentaría, casi con toda seguridad, a un contencioso que abriría la familia afectada. Esta última entiende que hay responsabilidad patrimonial del Concello desde el momento en que concede una licencia de legalización.
El gobierno estradense ha pedido informe jurídico a sus expertos para que dictaminen si procede indemnizar.??También avisó al respecto al Consello Consultivo de Galicia, cuyo informe no será vinculante. Hay juristas que señalan que cuando llegó la licencia toda la obra ilegal estaba muy avanzada, y que cabría indemnización solo por la parte de obra ejecutada al amparo de la licencia.