La portavoz considera que se «trata de un asunto preocupante y reprobable desde el punto de vista ético y moral» y lamenta que el Estado no pueda fiscalizar las cuentas de la RFEF al no recibir subvenciones ni ayudas públicas
21 abr 2022 . Actualizado a las 19:24 h.El caso Supercopa, por el que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) firmó un suculento contrato de 240 millones de euros en seis años y Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, se embolsó 24 en comisiones abonadas por Arabia Saudí, ha alcanzado tal dimensión que el Gobierno ha salido a la palestra para pedir al organismo que preside Luis Rubiales que se replantee la disputa de este torneo en este país que atenta contra los derechos humanos y la libertad de las mujeres. Se trata solo de una solicitud que no puede tener carácter de obligación al no poder intervenir el Ejecutivo en un contrato de índole privada.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, calificó este jueves como condenable desde el punto de vista moral y ético que la Supercopa se celebre en Arabia Saudí y ha pedido a la Federación que lo reformule. «Es un asunto preocupante y reprobable y ojalá se lo replanteen», dijo en declaraciones a TVE, al ser preguntada al respecto. Asimismo, reconoció que le cuesta entender cómo es posible que un campeonato nacional se celebre en otro estado porque entiende que de este modo «se priva» a la afición de poder participar en él.
Lo expresado por la portavoz del Ejecutivo coincide con lo que ya ha manifestado en las últimas horas el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco. Tras escuchar las explicaciones de Rubiales durante su larga comparecencia pública del miércoles, le pidió que de una vez por todas «aclare lo más documentado posible» todas las dudas que se ciernen sobre ese acuerdo con Arabia Saudí. A su juicio, «el fútbol español se merece una explicación lo más clara y contundente».
Franco cree que no tiene por qué dudar de las palabras de Rubiales, asegurando que el 50 % de los ingresos por la Supercopa se destinan al fútbol base y femenino, pero le insta a presentar los papeles que lo atestigüen. También ha dejado claro que a día de hoy no tiene argumentos para pedir su dimisión o promover su inhabilitación, que dependería del Tribunal Administrativo del Deporte, pero en su opinión no se debe anteponer dinero a deporte y la Supercopa debe celebrarse en España.
Y sigue el máximo responsable del deporte español pensando que el acuerdo con los saudíes, que incluye esa comisión del 10 % para la empresa de Piqué, «es poco estético, poco ético e incluso poco edificante». Rubiales, sin embargo, ya ha dejado claro que el contrato «es ejemplar» y muy beneficioso para el fútbol español, que ha pasado de ingresar 150.000 euros a recibir 40 millones anuales, y para el desarrollo del deporte y de las mujeres en el país árabe.
Dicho lo cual, la portavoz del Gobierno que preside Pedro Sánchez dejó claro que, «lamentablemente», la Federación «no recibe dinero público» y, por consiguiente, el Estado no ha podido realizar una fiscalización o auditoría de las cuentas. Un asunto, el de las subvenciones y ayudas públicas a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, muy complejo y polémico ya desde tiempos de Ángel María Villar, cuando al amparo del código de transparencia y buenas prácticas se congeló la financiación pública a partir del 2013. Ello no impide, por ejemplo, que en los últimos Presupuestos, del 2022, hubiera algunas partidas destinadas a la RFEF.
En concreto, 8,5 millones para la protección social de deportistas y técnicos de los equipos inscritos en la primera división femenina y en la Segunda B masculina, y 2,7 millones para obras y equipamiento del fútbol no profesional. Pese a no recibir subvenciones públicas como tal, la Federación sí percibe un 0,5% (en torno a 7 millones anuales) de lo que generan los derechos audiovisuales del fútbol profesional en virtud del decreto-ley firmado por la administración, la FEF y LaLiga, no sin grandes discusiones y polémicas entre Luis Rubiales y Javier Tebas.
Derechos audiovisuales
Así lo establece el real decreto-ley para la comercialización de los derechos de explotación audiovisual del fútbol profesional. Según sus estatutos, la FEF es una entidad asociativa privada de utilidad pública, lo que implica que sus obligaciones de transparencia no son las mismas que las de los organismos públicos. Para que una asociación sea declarada de utilidad pública tiene que cumplir con una serie de condiciones, como que sus fines tiendan a promover el interés general -tengan carácter cívico, educativo, científico, cultural o deportivo, entre otros-, que su actividad no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, o que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hagan con cargo a fondos y subvenciones públicas.
Este tipo de asociaciones cuentan con algunos derechos, como disfrutar de las exenciones y beneficios fiscales reconocidos en las leyes o disponer de asistencia jurídica gratuita de acuerdo con lo establecido en la legislación específica. Y entre los deberes y obligaciones de la FEF está la está presentar las cuentas anuales del ejercicio anterior en el plazo de los seis meses siguientes a su finalización. También está obligada a entregar una memoria descriptiva de las actividades realizadas ante el organismo encargado de verificar su constitución, que en este caso es el CSD.