Miguel Galán aprecia posibles delitos de cohecho y prevaricación administrativa
Miguel Galán, presidente de Cenafe y artífice de la denuncia que desembocó en la inhabilitación de Ángel María Villar en el 2017, ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el contrato de la RFEF con Arabia Saudí. «Creemos que podría ser no legal. Se han podido cometer presuntos delitos públicos de cohecho y prevaricación administrativa. La RFEF es una entidad privada, pero que tiene funciones públicas delegadas por el Consejo Superior de Deportes. Y una de ellas es la de organizar competiciones de carácter estatal. Y la Supercopa de España lo es. En concreto, el artículo 6 de los estatutos de la RFEF y el 33.1 de la Ley del Deporte 1990 reflejan que la federación trabaja como agente colaborador de la función pública», explica Galán a La Voz.
«Otra cosa es que quisiera poner publicidad a las camisetas de la selección e hiciera un contrato de 500 millones de euros, con 100 de comisión para alguien. Eso sería legal porque ese concepto no es una función pública delegada del CSD, como sí lo es la organización de competiciones nacionales. Y la prueba de que la RFEF no es una sociedad limitada ni Rubiales un administrador de una empresa privada es que el Tribunal Administrativo del Deporte, con una denuncia mía, destituyó a Ángel María Villar por incumplir el deber de neutralidad en unas elecciones. Por eso creemos que podría no ser legal, que debería haberse sometido a un concurso público, como cualquier otro contrato, con distintos licitadores y un pliego, para que el que mejor oferta hiciera se lo llevara», añade.
