Camps, procesado por la construcción del circuito de F1 que costó 89 millones

El expresidente ha anunciado que recurrirá ese procesamiento ya que, en su opinión, la jueza sustenta su decisión en un análisis que «excede de sus competencias»


La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha incoado procedimiento abreviado contra el expresident de la Generalitat Francisco Camps, su exvicepresidente Vicente Rambla y su exconseller Mario Flores en la causa sobre la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la ciudad.

Según el auto al que ha tenido acceso EFE, la jueza afirma que existen indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps como autor de los delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad documental y cohecho y/o tráfico de influencias, al haber «impulsado y permitido» la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 que costó casi 89 millones de euros.

Añade la jueza que Camps lo hizo «al margen» de las funciones propias de su competencia de president, de la legislación aplicable y utilizando «indebidamente fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos» y dando trato de favor a determinadas empresas, que resultaban beneficiarias de adjudicaciones públicas.

El expresident «ideó, planificó y promovió» la construcción de un circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, «bajo una pretendida apariencia de legalidad que no se correspondía con la realidad, y a sabiendas de ello y de la incompetencia» del órgano contratante, el Ente Gestor de Transportes y puertos (GTP), indica el auto.

La jueza ve una actuación reprochable penalmente de cuantos, «capitaneados» por Camps, participaron en el proceso «precipitado» y «al margen de la legalidad» para que Valencia acogiera en el verano de 2008 su Primer Gran Premio de Fórmula 1 -lo hizo hasta 2012-, lo que llevó al «dispendio de fondos públicos y al gasto de más erario público» al no haberse hecho un detallado planeamiento.

Ademá, atribuye al expresident un plan en el que implicó a funcionarios, autoridades, personal del Ayuntamiento y de la Conselleria de Infraestructuras y empresas para contar con un circuito de F1 para su «rédito personal» que anunció que tendría «coste cero», cuando supuso 88'8 millones de euros entre 2007 y 2017.

En total, la jueza procesa a dieciséis personas, entre ellas el exvicepresidente del Consell y coordinador de la campaña electoral de 2007, Vicente Rambla, por su «papel director» de los grandes eventos y como «continuador» del mecanismo instaurado para financiar los actos del PP en las elecciones autonómicas de 2007, basada en facturas ficticias o aportaciones de efectivo por empresas.

Otros procesados son responsables de las empresas Typsa y Ayesa, a las que se adjudicaron con «discrecionalidad» las tres primeras fases del proyecto de construcción del circuito, o José Mayor Oreja, hermano del exministro del PP Jaime Mayor Oreja y presidente de FCC, empresa que en UTE con otras dos empresas fue adjudicataria de un expediente del circuito, y de quien recuerda la jueza que figura como donante en los «papeles de Bárcenas».

En declaraciones a EFE, Camps ha anunciado que recurrirá ese procesamiento ya que, en su opinión, la jueza sustenta su decisión en un análisis que «excede de sus competencias».

Según el expresident, durante la instrucción se ha probado que «ni la Intervención de la Generalitat, ni la Sindicatura de Cuentas ni la Abogacía de la Generalitat pusieron nunca ningún reparo o problema» a la construcción del circuito.

Por este motivo ha afirmado que la instructora «excede sus competencias» al intentar situarse por encima de los sistemas de control de la administración autonómica, «que es a quienes les corresponde el análisis jurídico y fiscal de la administración».

Entre las reacciones que ha generado este procesamiento figuran la del alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), anunciando que darán «la batalla» para que los valencianos no paguen el «despilfarro» y el «uso fraudulento de fondos públicos del PP en la Fórmula Uno».

Desde el PP, su presidenta regional, Isabel Bonig, se ha limitado a señalar que en su partido respetan la presunción de inocencia y las resoluciones judiciales, mientras en el PSPV han recurrido al símil automovilístico: «Los motores de la Fórmula 1 continúan resonando en los juzgados y en las cuentas de todos los valencianos y valencianas ante el silencio cómplice del actual PP».

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