Villar se lava las manos en el caso de los pagos fraudulentos a afines

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Fernando Alvarado | efe

El juez le preguntó por los sobresueldos a su secretaria y a sus asesores y el expresidente quiso eludir su responsabilidad señalando a Pérez, Padrón y a Larrea

28 feb 2019 . Actualizado a las 17:09 h.

El expresidente de la Federación Española, Ángel María Villar, volvió a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, esta vez por sobresueldos a afines, y el exdirigente vasco descargó toda la responsabilidad de estos contratos en la secretaría general, que en aquel momento ocupaba Jorge Pérez. También mencionó como responsable al departamento económico con Juan Padrón como vicepresidente primero y a Juan Luis Larrea como tesorero.

La declaración de Villar se prolongó durante una hora aproximadamente, en la que el exdirectivo se expresó en este sentido al ser cuestionado por pagos presuntamente irregulares hechos a empleados y personas vinculadas a la RFEF, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Las preguntas se centraron en los pagos hechos a quien fue durante muchos años su secretaria, Dora de Pedro, así como a Adolfo Gil de la Serna (exvicepresidnete y extesorero de la RFEF) y a Julio Pérez Tomé (exasesor de Villar). Los tres fueron citados también por Pedraz para declarar como investigados el pasado martes, día en el que los dos últimos no acudieron alegando motivos de salud.

Estos pagos y la denuncia de su posible irregularidad forman parte de la instrucción de la Operación Soule, iniciada por el juez Santiago Pedraz en julio de 2017 y que se prolongará todavía durante meses.

Según Europa Press, Pedraz investiga si Villar podría haber autorizado o permitido pagos a su secretaria ya jubilada, Dora de Pedro Muñoz (hermana de Ángel de Pedro, exdirectivo de la RFEF). La extrabajadora habría percibido más de 80.000 euros en el 2006 y el 2009 en concepto de una jubilación que no se habría producido dado que ella siguió cobrando de forma directa 70.000 euros anuales de media, entre los años 2010 y 2016, según los datos recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Además, Gil de la Serna habría percibido 283.246 euros entre los años 1999 y 2018 y Pérez Tomé al menos 200.000 entre el 2009 y el 2019, en ambos casos sin prestar aparentemente servicios para ello.

Ayer también acudió a la Audiencia Nacional a declarar como investigado Diego Martínez, hijo del presidente de la federación de Melilla, quien argumentó la corrección de los cobros que percibió por parte de la Federación Española.

A principios de abril se reanudarán las declaraciones de testigos, entre ellos el expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Miguel Cardenal, y el exadministrador general de la RFEF, José María Castillón, despedido en el 2017.