Los árbitros tendrán que ser dados de alta en la Seguridad Social

El anteproyecto de la Ley del Deporte, que establece que los jueces deportivos pueden verse obligados a formalizar su relación laboral, causa inquietud en el sector


El anteproyecto de la Ley del Deporte, que se encuentra en fase de aportación de ideas o alegaciones al texto redactado, establece en su artículo 41.4 del capítulo VII que «cuando los árbitros perciban por su actuación una retribución por su labor y no un simple reintegro de gastos por desplazamiento, estancia u otro concepto, conforme, en este último caso, a la legislación laboral y fiscal, tendrán que formalizar su relación en el marco de las opciones que establece la normativa laboral y ser incorporados al sistema de Seguridad Social». Los árbitros ya tributan, pero no están reconocidos laboralmente.

Para Rafael Alonso, experto en Derecho Deportivo de Caruncho, Tomé & Judel Abogados y Asesores Fiscales, «este anteproyecto quiere cambiar las cosas», recordando las reivindicaciones laborales de jueces y árbitros (ofrece los ejemplos de Rafael Hernánz Angulo y Juan Carlos Mitjana en este sentido). Al mismo tiempo, hace hincapié en ciertos aspectos de la redacción del texto. «No podría predicarse la no aplicación al deporte de ámbito autonómico, porque la legislación laboral es una competencia estatal», dice mientras matiza que, si no se cumple la condición establecida, «no habría relación laboral, exactamente igual que sucede con los deportistas».

«Lo deseable sería que la posible plasmación de este artículo fuese acompañada de cambios en la normativa laboral para facilitar el encuadramiento contractual del árbitro entre los distintos tipos de contratación existente. En la mayoría de los casos, los árbitros solo trabajan en distintas pruebas en lugares, horas y días que conocen con muy poca antelación. Esta indefinición del centro y horario del trabajo no casaría bien con un contrato de duración determinada a tiempo parcial y obligaría a hacer tantas contrataciones como designaciones semanales se efectúen. Es un ejemplo de la necesidad de flexibilizar y adaptar las clases de contrato para dar cabida a estas atípicas situaciones», analiza.

Favorecidos y perjudicados

Existen tantos casos como deportes. Grosso modo, el texto favorece a los árbitros de alto nivel (que ganan en derechos sociales y laborales) y ahoga económicamente a los de categorías inferiores (que pueden verse en una situación inasumible en caso de tener que darse de alta en el régimen de autónomos o, como consecuencia, a clubes y federaciones como empleadores sin capacidad económica).

Lo primero que solicitan los árbitros es concreción. Así lo expresa el presidente del Comité Técnico de Árbitros de fútbol de Galicia, Bernardino González Vázquez, que participará este fin de semana en una reunión del comité nacional para tratar este tema. «Mi gran preocupación es que repercuta negativamente en el número de árbitros. Lo positivo, y lo ideal, es que estén cubiertos laboralmente, pero debe resolverse la complejidad que supone para los miles que arbitran en categorías inferiores en toda España», analiza.

Su homólogo en el rugbi gallego, Roberto Rodríguez Anido, es tajante: «Hay 33 árbitros en Galicia y muchos de ellos dejarán de ejercer, porque económicamente ni ellos, ni los clubes ni la federación poseemos capacidad económica para que estén dados de alta en el régimen laboral». Lo corroboran los clubes, según explica el presidente del CRAT, Pedro López-Sors, aunque matiza: «A los árbitros hay que pagarles de manera legal, no cabe duda, pero es necesario un desarrollo de la norma, que articule una figura fiscal para esta anómala situación, ya que muchos no arbitran por dinero. Repercutirá económicamente en los clubes, que no veo como empleadores».

Ofrece una sugerencia el presidente de la Federación Gallega de Atletismo (FGA), Isidoro Hornillos: «Articular una normativa de voluntariado incluyendo a los jueces, árbitros y entrenadores». Explica que la FGA ya tributaba por los gastos de actuación «sin límites, tal como advirtió el Consello de Contas» y va más allá: «Compartimos la reivindicación de que hasta cierta cantidad no haya que tributar, el llamado pocket money establecido en otros países de la UE, teniendo en cuenta que el deporte es un bien social que contribuye a la salud. Una parte del deporte nace de la propia voluntariedad».

Los jueces-árbitros de pádel son contratados por federaciones o clubes en función de la competición. «Se podían confundir las tareas de su puesto de trabajo en el club con las del arbitraje. La fiscalidad nunca ha estado clara y Hacienda ha tenido criterios vacilantes. La seguridad jurídica siempre es bienvenida», asegura el presidente de la federación gallega, Manuel Fernández.

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