Abren juicio oral por prevaricación al juez que ofreció ayuda a Villar

Se le juzgará por haber filtrado un sumario a Escañuela, expresidente del tenis español, y por ello el fiscal pide inhabilitación de cargo público de quince años


Redacción / La Voz

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó abrir juicio oral, por prevaricación y revelación de información reservada, al juez Juan Antonio Toro Peña, el mismo que en su día presuntamente ofreció ayuda a Ángel María Villar en el caso Haití, una semana antes de ser detenido en el marco de la operación Soule.

En esta ocasión, el juez Toro está acusado de filtrar un sumario judicial al expresidente de la Federación Española de Tenis, José Luis Escañuela, tras una instrucción realizada por él mismo. Le habría presentado a Escañuela documentación de un proceso contra José Luis Sáez, expresidente de la Federación Española de Baloncesto. Esa documentación serviría a Escañuela para intentar vengarse de Miguel Cardenal, presidente entonces del CSD, por haberlo inhabilitado en el 2015. Con ese material pretendía que no se archivase la querella «a la catalana» que había presentado contra Cardenal.

Cortés Elvira, en el centro, en una cena navideña de la RFEF.
Cortés Elvira, en el centro, en una cena navideña de la RFEF.

Según ha sido notificado al Consejo General del Poder Judicial, la fiscalía ha pedido «por el delito de prevaricación [se solicita] la pena de multa de 18 meses a razón de 10 € de cuota diaria [...] e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo de Juez o Magistrado, con pérdida definitiva del cargo de que era titular, así como de los honores anejos, e incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, y en particular aquellos que conlleven el ejercicio de funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo, por 15 años», pide el Ministerio Fiscal.

Por su parte, la acusación solicita «24 meses de multa, a razón de 60 euros diarios, y 20 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por el delito de prevaricación», así como «3 años de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante todo el tiempo de la condena, y 5 años de inhabilitación para empleo o cargo público, por el delito de revelación de secretos». Además, «en concepto de responsabilidad civil», piden indemnizaciones que oscilan entre los 50.000 y 90.000 euros. Al parecer, esa no sería la primera vez que el juez Toro Peña podría haber infringido la ley. En el sumario de la operación Soule aparece su nombre reflejado. Fue en un pinchazo de un colaborador de Villar, en donde transmitía el ofrecimiento de Toro de «ayuda incondicional» de cara al caso Haití al imputado expresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Toro Peña trabaja en la justicia desde enero de 1976. Es Doctor en Derecho, Derecho Procesal, por la Universidad Complutense de Madrid, y lleva 43 años ejerciendo función pública.

El amigo de Rafael Cortés Elvira

El juez Toro Peña forma parte de una aparente red de afinidades e intereses comunes. Entre ellos figura el ex secretario de Estado para el Deporte, Rafael Cortés Elvira, amigo del magistrado que se enfrentará ahora a juicio oral. Esa relación la reconoció el propio Toro cuando se planteó su posible renuncia al caso de José Luis Sáez.

Cortés Elvira, el ex secretario de Estado para el Deporte con el gobierno de Felipe González, está estrechamente vinculado con Villar. El político figura en el auto de prisión decretado por el juez Pedraz contra Villar. El magistrado lo situó dentro de un sistema de clientelismo por la vinculación entre el Grupo Santa Mónica y la Federación Española.

La esposa de Cortés Elvira, María Elena Herrero González, fue jefa de los servicios médicos de la federación española con Villar, tal como recoge la investigación de Pedraz. Al mismo tiempo, Cortés Elvira es socio de Mónica Han Cho, esposa de Gorka Villar, el hijo del veterano presidente de la federación, también implicado en la Soule.

En esa red, la sociedad General de Asesoramiento Corell Sociedad Limitada, de la que Cortés Elvira era administrador único, percibió de Santa Mónica 1,5 millones de euros entre los años 2010 y 2012.

Al mismo tiempo, Toro Peña fue el juez que archivó el caso por el que Villar convocó de forma clandestina las elecciones a la federación española de fútbol en el 2012. Villar había sido imputado por ese asunto antes de que Toro lo eximiese de enfrentarse al proceso.

Más adelante, el juez apareció en la Soule, el macroproceso contra la cúpula de Villar por el presunto desvío de decenas de millones de la federación. Toro Peña fue cazado por la UCO en una reunión con Villar y Cortés Elvira, un encuentro del que se recogieron fotografías, en julio del 2017, solo una semana antes de que Villar fuera detenido.

En la reunión, los investigadores entienden que el juez ofreció su apoyo al dirigente vasco. Así lo aseguró el expresidente de la Federación de Fútbol de Madrid, Vicente Temprado, en una conversación interceptada por la Guardia Civil, ya que le aseguró a Villar que Toro estaba «incondicionalmente a tu disposición».

Los caminos de Escañuela y Cortés Elvira ya habían confluido en el 2011. Entonces, Cortés Elvira se convirtió en presidente de honor de la Fundación del Tenis Español, impulsado por el presidente de la federación. Justo Escañuela fue el dirigente que terminó haciéndose con la copia de las diligencias contra José Luis Sáez, una maniobra autorizada por Toro.

El juez había sido además ponente en cursos en la Universidad Internacional SEK de Quito, perteneciente al grupo del que Cortés Elvira era vicepresidente. A los cursos también fue invitado el juez del caso Pequeño Nicolás por el que también se interesó el ex secretario de Estado.

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