Según la abogada del Estado, Larrea nombró una junta incumpliendo dos normas estatutarias que además de invalidarla convierten en nulos todos los acuerdos que haya tomado o pueda tomar
05 oct 2017 . Actualizado a las 05:00 h.La actual Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol es ilegal. Así se recoge en un informe de la Abogacía del Estado, firmado el 16 de agosto y al que ha tenido acceso La Voz de Galicia. La cuestión estriba en que Juan Luis Larrea Sarobe ejerció las funciones de presidente de la Federación Guipuzcoana de Fútbol hasta el día 28 de julio, al tiempo que ya ejercía como presidente de la Española en funciones. Esta acumulación de los dos cargos es incompatible con los estatutos federativos, que en su artículo 34.7 dicen: «Mientras desempeñe su mandato, el presidente no podrá ejercer cargo alguno en otro órgano federativo, salvo que estatutariamente le corresponda, ni en entidad, asociación o club sujetos a la disciplina federativa o en federación deportiva española que no sea la de fútbol, y será incompatible con la actividad como futbolista, árbitro o entrenador, continuando en posesión de su licencia, si la tuviere, que permanecerá en suspenso hasta que deje de ostentar la presidencia de la RFEF».
Por otro lado, el hecho de que desde el 18 de julio hasta el 28 Larrea compatibilizara la territorial con la española, supone que los acuerdos que adoptó en ese período estarían viciados de nulidad según la Abogacía del Estado. Y justo en ese espacio de tiempo se produjo el nombramiento de la actual junta directiva que, por tanto, es ilegal. Esto significa que habrá que iniciar un procedimiento que repare la anomalía y, además, que cualquier acuerdo que hubiera tomado esta junta debería ser anulado en consecuencia con lo anterior. Y mientras no se nombre una nueva junta, la actual no puede tomar acuerdo alguno.
Por otro lado, Larrea también incumplió otra norma en la formación de la directiva, que fue la siguiente: «La junta directiva tendrá, al menos, un vicepresidente, adjunto a la presidencia, para asuntos económicos, y dos más para los que son propios del fútbol profesional el uno y del aficionado el otro, designados los tres por el presidente». Según la abogada del Estado, esto también supone la invalidez de la junta y la nulidad de sus actuaciones.
¿Suspenderán a los cinco presidentes de territoriales imputados?
Hoy se reúne la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes y entre los numerosos asuntos a tratar estará la posible suspensión de cinco presidentes de territoriales de la federación de fútbol investigados en la operación Soule. Es un tema importante que, sorprendentemente, se está dilatando en el tiempo y que puede influir incluso en quién será el próximo presidente de la RFEF. Hace escasas fechas, desde el Consejo se hizo saber que se había solicitado un informe de la Abogacía del Estado sobre este asunto. Realmente, dicho informe estaba elaborado desde el 16 de agosto y, supuestamente, podría ser usado hoy para resolver por fin si, al igual que Villar y Padrón en su momento, los cinco directivos son también suspendidos de sus funciones. El informe no resuelve si hay o no que castigar a los dirigentes, pero apunta la opción: «No se está en disposición de conocer si todas o alguna/algunas de estas personas han podido incurrir en alguna de estas infracciones muy graves, pero en cualquier caso, es imprescindible que se incoe el correspondiente procedimiento disciplinario para que, según el artículo 10.2.d) de la Ley del Deporte, la Comisión Directiva pueda adoptar esta medida (la suspensión) provisional», reza el escrito de la abogada del Estado Isabel Cadenas.
Finalmente, el 1 de septiembre, el TAD abrió expediente a Vicente Muñoz (Valencia), Antonio García (Ceuta), Diego Martínez (Melilla) Jacinto Alonso (La Rioja) y José Miguel Monje (Murcia). Según reza la resolución: «A juicio de este tribunal, debe señalarse que se derivan indicios racionales de la posible comisión de infracciones de las que pudieran resultar autores los señores....». El expediente tratará de saber si «concurre la infracción tipificada como la incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado, de sus organismos autónomos o de otro modo concedido con cargo a los Presupuestos Generales del Estado».
Por tanto, la decisión sobre la sanción queda en manos de la comisión que presidirá Lete.
Existe expectación por los acuerdos que hoy se adopten. No en vano, circula el rumor sobre un posible pacto entre Luis Rubiales (miembro de la directiva) y Lete, presidente del CSD, por el que los dirigentes expedientados no serían suspendidos, a pesar del precedente de Villar y Padrón. El motivo sería para beneficiar una posterior candidatura de Rubiales a la presidencia de la RFEF. Obviamente, un pacto así no debería existir pues no solo sería carente de ética, sino que además sería ilegal.