El juez manda a prisión sin fianza a Villar y a su hijo por el saqueo de la federación

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión incondicional y sin fianza para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su hijo, Gorka Villar, y del vicepresidente económico de la entidad, Juan Padrón, detenidos el pasado martes en el marco de la operación Soule contra la corrupción en la federación. El magistrado considera que los tres, que declararon ayer en la Audiencia Nacional, se conjuraron, al menos durante la última década, para consumar el expolio de la federación en beneficio propio a través de todo tipo de irregularidades, desde mordidas por la organización de partidos amistosos de la selección a pago de favores a las federaciones territoriales, pasando por el saqueo de las arcas de la institución para cubrir su gestión y sus chanchullos.

Tras conocerse el auto del juez Pedraz, el Consejo Superior de Deportes (CSD) anunció que solicitará al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión provisional del presidente de la federación al igual que la del resto de los afectados por la operación Soule. Para ello, el CSD pedirá al TAD «de forma inmediata» la incoación del expediente disciplinario.

Los tres detenidos están acusados de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. Según el auto, provocaron un agujero patrimonial de decenas de millones euros. Respecto del cuarto detenido, el secretario de la federación de Tenerife, Ramón Ángel Hernández Baussou, el magistrado acuerda la prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

En el auto, el juez acuerda esta medida ante la gravedad de los delitos, lo que pudiera llevarlos a huir de la Justicia, «máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen», dice Pedraz, así como la posibilidad de obstrucción de la investigación, que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación.

Las acusaciones que pesan contra el presidente y su hijo son gruesas. Villar gestionó la federación como si de un cortijo propio se tratara, usando el dinero de la institución no solo para enriquecerse él y a sus más próximos, sino también para financiar una vastísima red clientelar entre las federaciones territoriales y locales que garantizaban su continuidad.

El mayor agujero provocado por Villar, cercano a los 52 millones de euros, según el auto, fue la «adjudicación de contratos relacionados con la cesión de derechos comerciales [de la selección] al Grupo Santa Mónica (propiedad del ya fallecido Jesús Samper) con unos márgenes de ganancias muy elevados para la empresa». El auto indica que la resolución de dichos contratos -«con cláusulas muy favorables» para Santa Mónica- fue una decisión de Ángel María Vilar y Juan Padrón. Además, indica que «existe una vinculación entre el Grupo Santa Mónica y la RFEF próxima al sistema de clientelismo, en la que personal de la RFEF percibe retribuciones dinerarias tanto de la RFEF como simultáneamente de Santa Mónica».

Miguel Cardenal, entonces presidente del CSD, tras pedir explicaciones a Villar y no obtenerlas, acudió a la Fiscalía que en 2016 comenzó las investigaciones, que ha ido ampliando a otros aspectos. Así, Pedraz sostiene que Villar pudo haber concedido beneficios de «trascendencia económica» a algunos presidentes de federaciones territoriales como «compensación» a su apoyo a su reelección. Anticorrupción relata en sus documentos que «se habría extralimitado en sus funciones de gestión de patrimonio de la RFEF utilizándolo para otorgar altos salarios y sobresueldos a determinados directivos con el consiguiente perjuicio económico para la federación».

Villar permitió supuestamente que los directivos territoriales que le apoyaban saquearan la caja de diversas maneras. Es esta parte de la operación la que afecta directamente a las federaciones de Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla y en la que estarían involucrados Padrón y Hernández Baussou.

Por otra parte, Villar había puesto los «medios humanos y materiales de la entidad» al servicio de su hijo, que organizó el sistema de cobro de comisiones ilegales en la organización de los partidos amistosos de la selección, a través de servicios ficticios a la asesoría de Gorka, Sports Advisers SL.

Anticorrupción asegura que Villar «conoció y permitió otras actuaciones que han supuesto perjuicio económico para el patrimonio de la federación», «dispuso de fondos destinados a clubes de fútbol para ocultar la administración negligente de la federación», maniobró para conseguir «indemnizaciones en fraude de ley» a su cercanos, e iba a enchufar a las personas que le habían ayudado en su campaña.