El escándalo electoral acabará en la Justicia

Villar gana unas votaciones llenas de irregularidades y la oposición anticipa que denunciará su proceder


Con un puro en la mano y degustando un plato de huevos fritos con patatas. Con esa actitud se encontraba Ángel María Villar en la noche del jueves, una vez cerradas las urnas, tal y como recogieron algunos medios madrileños. Estaba tranquilo, como si tuviera todo bajo control, mientras volaban cuchillos en el interior de la sede federativa. Los miembros de la candidatura de Jorge Pérez no daban crédito ante la multitud de irregularidades detectadas. Tantas, que apenas unas horas después ya anunciaban denuncias ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), el Consejo Superior de Deportes (CSD) y, quién sabe, si también ante la Justicia ordinaria si ven que desde el Gobierno no atienden sus demandas.

Antes de las elecciones

Villar, al frente de la Gestora. Villar se puso al frente de la Junta Gestora nada más convocar elecciones y, según denuncia la oposición, se sirvió de su cargo para hacer campaña desde dentro. El artículo 12.3 de la Orden Ministerial que regula las elecciones lo prohíbe: «Quienes presenten su candidatura para formar parte de los órganos de gobierno y representación de la correspondiente Federación no podrán ser miembros de la Gestora». Villar se escuda en que no hay candidatos oficiales hasta el próximo día 15.

Hizo firmar una carta de apoyo a las territoriales. Con un sistema feudal propio de otros tiempos, Villar obtiene su poder de la influencia que generan las territoriales sobre sus clubes, jugadores y entrenadores. Dieciséis presidentes autonómicos firmaron una carta de apoyo hacia el dirigente vasco, algo que el propio TAD tildó el pasado jueves como ilegal por vulnerar el deber de neutralidad. En concreto, el artículo que se han saltado a la torera es el 2.4 de la Orden ECD/2764/2015. El propio tribunal advirtió que si el CSD se lo pide puede abrir un expediente sancionador a los infractores. 

Durante las votaciones

Fallos en la custodia del voto por correo. Los interventores de Jorge Pérez denunciaron ante la mesa electoral que diez personas sin identificar accedieron a las cajas y manipularon los sobres desde las 12 del mediodía, seis horas antes de que se cerraran las urnas.

Mil votos fuera de plazo, mezclados con los válidos. Los interventores de Pérez también reclaman que el notario de la mesa certificó la presencia de dos cajas con mil votos consignados fuera de plazo y que el presidente de la mesa autorizó que se mezclaran con los válidos.

El control de la Comisión. Pérez pidió la recusación de Francisco Rubio como miembro de la Comisión Electoral al entender que podría no ser parcial. La propia Comisión lo desestimó y, según denuncian los interventores de Pérez, su actuación fue decisiva. «Toda la actividad de la mesa ha sido desempeñada por la Comisión Electoral, centrada en la figura de don Francisco Rubio, arrogándose facultades que no mantiene».

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