Los clubes de Segunda B y Tercera acordaron ayer en Pinto que detendrán las ligas si no se aprueba en asamblea el pago a su favor del 1 % de los derechos de la Copa
05 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Los clubes han dicho basta. Si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no aprueba en asamblea extraordinaria previa a las elecciones a la presidencia que se les ingrese el 1 % de los derechos televisivos de la Copa del Rey, detendrán las competiciones de Segunda B y Tercera División. Así lo decidió ayer la Junta Directiva de la Comisión de Clubes de Tercera y Segunda B reunida en Pinto (Madrid), en representación de 250 clubes de toda España.
El presidente de la RFEF, Ángel María Villar, y el ex secretario general y futuro candidato a la presidencia de la RFEF, Jorge Pérez, estaban invitados a la reunión, a la que acudieron representantes del fútbol gallego. Los clubes habían instado a ambos para que explicasen por qué todavía no se ha celebrado la asamblea extraordinaria en la que se articule el reparto del 1 % de los derechos de televisión generados por la Copa del Rey entre los clubes de Segunda B y Tercera.
Villar no acudió a la cita ni tampoco respondió a la invitación. Sí asistió Jorge Pérez que, según los clubes, mostró su total apoyo al fútbol aficionado en su reclamación. En la reunión de ayer, los clubes acordaron que si antes de la celebración de las elecciones a la presidencia de la RFEF no se celebra la asamblea en la que se apruebe al pago de los derechos televisivos a los clubes aficionados, las entidades deportivas convocarán un cierre patronal general.
El presidente del Choco, Iván Crespo, manifestaba ayer a La Voz que los derechos televisivos de la Copa podrían suponer unos 85.000 euros para los clubes de Segunda B y 35.000 para los de Tercera. «Unas cifras muy importantes para equipos aficionados como nosotros», concluía. «Estamos todos de acuerdo. Dado que el señor Ángel María Villar se niega a convocar la asamblea extraordinaria para repartir esa cantidad pese a que se le ha solicitado que lo haga, nos han forzado a tomar esta medida porque no nos sentimos respaldados en un derecho que tenemos», recalcaba. «Primero nos dijeron que faltaban los DNI, pero eso se subsanó en el plazo que nos dieron, hasta el 5 de enero, y sigue sin convocarse», aclaraba.